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Política

Juzgado de Trinidad busca dejar en la impunidad las masacres de Sacaba y Senkata

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Masacre en Sacaba

(Infodiez-29/10/20)

La Defensoría del Pueblo observó y denunció la decisión del Juzgado de Sentencia en lo Penal N° 3 de Trinidad que otorgó medidas cautelares a altas autoridades del Gobierno Transitorio y dispuso la suspensión del tratamiento de los informes sobre las masacres de Sacaba y Senkata para evitar que se avance en un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional y esos hechos luctuosos queden en la impunidad.

“La Defensoría del Pueblo condena el accionar de la Juez Luz Acebey Arispe porque la disposición que emitió constituye una grave obstaculización en el acceso a la justicia para la víctimas de las masacres y  asesinatos de lesa humanidad perpetrados en noviembre de 2019, por ello, instamos al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público a iniciar las acciones legales correspondientes”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Cruz observó que la medida cautelar impuesta por el Juzgado de Sentencia en lo Penal N° 3 de Trinidad no cumple con las características señaladas por el Código Procesal Constitucional porque no existe un daño inminente, irremediable o irreparable; en  todo caso, se pretende aplicar tutela anticipada para mantener en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno Transitorio.

“Resulta irrazonable otorgar medidas cautelares para evitar el inicio de un proceso, más aun cuando durante la sustanciación del mismo se puede determinar si el inicio del mismo fue arbitrario, ilegal o no responde a las reglas del debido proceso, por ello, en el presente caso se observa que la aplicación de la medida tiene como finalidad generar impunidad y, en sí se constituye en una tutela anticipada y refleja la obstaculización al proceso y/o la intención de rehuir a la justicia por parte del Gobierno Transitorio ”, remarcó Cruz.

A esta situación, acotó, se suma que a casi un año de las masacres de Senkata, Sacaba y los asesinatos de lesa humanidad ocurridos en la zona sur de La Paz, Cochabamba, Betanzos y el Norte Integrado Cruceño, y pesar de existir un informe defensorial con recomendaciones al respecto, no existe una sola persona imputada o siquiera identificada, evidenciándose un negligente accionar por parte del Ministerio Público para que las víctimas accedan a la justicia, y el incumplimiento de parte del Estado en  su obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia.

“Al ser evidente que ninguna de estas muertes está siendo investigada por el Estado con la debida diligencia y que las investigaciones abiertas han sobrepasado ampliamente el plazo estipulado por la norma, resulta inaudito que una Juez garante de la Constitucionalidad, en clara intención de obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, ponga un freno a la única investigación que muestra un avance importante para cumplir no sólo con las obligaciones internacionales de Bolivia, sino para que las víctimas puedan acceder a algo de justicia”, manifestó la Defensora.

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