La Defensoría exhorta a las autoridades cruceñas y trabajadores en salud sentarse a la mesa del diálogo

Santa Cruz, 10 de febrero de 2021

La Defensoría del Pueblo ha verificado que ocho establecimientos de salud de la ciudad de Santa Cruz acatan el paro de 48 horas convocado por el Consejo Departamental de Salud (Codesa), debido a la falta de atención a sus demandas, como la aplicación de una cuarentena rígida y la mejora en la dotación de equipos de protección personal e insumos de bioseguridad. Los nosocomios que cumplen con la medida de protesta son:  Maternidad Percy Boland, Hospital San Juan de Dios, Hospital del Niño Mario Ortiz, Hospital Japonés y 400 Camas – Caja Nacional de Salud (Tercer nivel) y Hospital los Pocitos, Hospital Pampa de la Isla y el Remanso (Segundo nivel), que sólo ofrecen servicios de emergencia, pero no de las otras especialidades médicas.

Ante este panorama, la Defensora del Pueblo, Dra. Nadia Cruz, ha propiciado el traslado de una comisión técnica a esta capital y ha convocado a la mesa de diálogo al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, al Colegio Médico Departamental de Santa Cruz y al Consejo Departamental de Salud (CODESA) – Santa Cruz, para hoy 9 de febrero.

Sin embargo, el sector médico, cuyos integrantes solicitaron la mediación, dilató la aceptación al llamado defensorial y la Alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz no atendió a esta convocatoria, hasta la emisión de este comunicado. Los funcionarios de esta autoridad dijeron que no pudieron comunicarse con ella para aceptar o declinar la invitación, que sólo tiene la finalidad de evitar daños irreparables a la población cruceña.

La Defensoría del Pueblo, ante este preocupante y conflictivo contexto sanitario, recuerda al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz que, de acuerdo con estándares internacionales e internos, el Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de escuchar y atender prioritariamente las demandas del sector médico para evitar la interrupción del servicio de salud, en cualquiera de sus especialidades. No asumir el diálogo como una primera medida para evitar acciones de presión que afecten a la salud y eventualmente a la vida de la población, se constituye en un acto de alta irresponsabilidad para con la sociedad. En caso de persistir la inacción del Estado, esta institución defensorial anuncia que interpondrá una acción popular.

Por otro lado, toda demanda del sector médico debe ser razonable, proporcional y objetiva, y cada punto demandado debe estar conforme a la realidad para que las autoridades estatales puedan atenderlos. Si bien el Estado tiene la obligación de entablar de manera prioritaria un diálogo objetivo y sincero con el sector médico, éste también tiene la obligación de asistir cuando sea convocado. Si el sector mantuviera medidas de presión, sin acudir a las convocatorias de diálogo, las demandas se tornan en injustificadas.