La irreverente justicia boliviana

La irreverente justicia boliviana

(Infodiez-13/07/20)

Por Guido Pizarroso Duran.

Es lamentable que la institución que debe ser el pilar de la justicia y los valores morales, sea irreverente con la ley, la institucionalidad y los principios éticos.

Uno de los perores daños perpetrados contra el país, ha sido politizar las instituciones, trastocando sus altos objetivos por misiones y obediencia partidaria en el anterior régimen. Ocurrió en todas las dependencias estatales, pero especialmente con los mandos policiales y militares, con el sistema educativo y con la justicia. Las instituciones de seguridad nacional lograron zafarse, el sistema educativo todavía está bajo las pautas de una ley irracional y retrógrada, aunque con la posibilidad de un pronto cambio, pero la justicia continúa sumida en el oprobio, atrapada por los poderes del oscurantismo y el mundo ilícito.

Sobre el régimen del Movimiento Al Socialismo pesa una serie de ilícitos que van desde millonarios hechos de corrupción, transgresiones flagrantes a la Constitución Política del Estado, violaciones a los derechos humanos, ataques crueles a los indígenas, despojo de bienes privados, y una serie de abusos. Pero la justicia boliviana sigue ciega y sorda y se escuda en su vigencia legal, aunque ilegítima por su espurio origen en una elección amañada de magistrados en la que fueron rechazados por el voto ciudadano, pero aun así, posesionados a la cabeza del Órgano Judicial.

Hoy, agradecidos por los favores recibidos del régimen anterior, frenan los procesos, desatienden sus obligaciones, ignorar el marco normativo y dejan en la impunidad una enorme cantidad de procesos en contra de los funcionarios del anterior gobierno, es más liberaron a la principal protagonista del desfalco más grande de la historia perpetrado en el Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (FONDIOC). Pero aunque la pila de expedientes crezca y la impunidad campee, quienes manejan la justicia siguen impávidos e indolentes dejando pasar el tiempo.

Confirmando esa línea de acción del sistema judicial, el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, denunció que los instructivos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), referidos a control jurisdiccional en cuarentena, obstaculizaron el acceso a la justicia a muchos ciudadanos y paralizaron las investigaciones sobre los hechos de corrupción del gobierno de Evo Morales, producto de ello, varios procesados obtuvieron su libertad o se beneficiaron con detención domiciliaria.

Anteriormente, en el mes de junio, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra conminó y le puso plazo al sistema judicial para que adopte medidas de bioseguridad, y que retorne al trabajo, como lo hacen los médicos, la Policía y las FFAA, para atender no sólo los casos que tienen detenidos, sino los trámites judiciales que permiten, por ejemplo, el cobro de asistencias familiares. Los magistrados se quejaron de intromisión. El Ministerio de Justicia había remitido el mes pasado 70 memoriales al Ministerio Público, entre ellos el caso de sedición y terrorismo, en contra del presidente Evo Morales, que felizmente ya la Comisión de Fiscales Anticorrupción anunció que se emitió la imputación formal y se solicitó la detención preventiva contra el ex presidente por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Pero el problema de la justicia es muy complejo y los nexos con la ilegalidad parece que no terminan. Se adoptan decisiones difíciles de comprender como un simple error. Por ejemplo, se designó como Fiscal Distrital de Santa Cruz a al abogado que ofició como defensor de los acusados de una clan familiar supuestamente vinculado al narcotráfico. Los miembros de ese clan fueron capturados en agosto de 2019, después de ser vinculados con la captura de un cargamento de 300 kilos de cocaína en territorio paraguayo.

Este sistema judicial es que el que debe tratar en algún momento los juicios diversos contra Evo Morales, García Linera, y los altos funcionarios del régimen del MAS, sobre los que pesan acusaciones tanto de actos de corrupción como de violaciones a los derechos humanos, transgresiones a la Constitución Política del Estado, fraude electoral, vínculos con el narcotráfico y otros. Inclusive, deberían atender casos que por el momento están “en sueño” en los juzgados que debían procesar las denuncias que pesan sobre los “consorcios” de magistrados, jueces y fiscales que fueron descubiertos, investigados a medias, y que siguen en la impunidad. Es lamentable que la institución que debe ser el pilar de la justicia y los valores morales, sea irreverente con la ley, la institucionalidad y los principios éticos.