La OEA condena la violación de derechos humanos en Bolivia

(Infodiez-18/12/19)

Aunque el gobierno de Áñez justificó que las Fuerzas Armadas no usaron “ni un solo proyectil” y que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que las muertes no fueron causadas por armamento convencional, la CIDH estableció que en ambas intervenciones hubo una “masiva violación de derechos humanos”.

A través de una resolución de su Consejo Permanente, la OEA condenó este miércoles “las violaciones a los derechos humanos” en Bolivia, en razón de la última crisis política y social en el país que terminó con una treintena de fallecidos y decenas de heridos y detenidos.

“Condenar las violaciones a los derechos humanos y el uso de la violencia contra cualquier ciudadano de Bolivia, especialmente toda forma de violencia e intimidación contra los bolivianos de origen indígena”, señala el primer punto del documento al que accedió La Razón.

A propuesta de países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y de Argentina, México, Nicaragua y Panamá, que modificó sustancialmente un proyecto enviado por el gobierno de Bolivia, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió la resolución en la sesión de este miércoles.

El texto tomó nota para el caso de “las profundas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos, incluida la violencia racista y discriminatoria, expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus observaciones preliminares del 10 de diciembre de 2019, tras su visita a Bolivia”.

En el primer punto de la resolución de su proyecto, el gobierno de Jeanine Añez había planteado que la OEA manifieste su solidaridad con Bolivia “en su lucha contra el uso de la violencia, incluyendo toda forma de violencia e intimidación contra los bolivianos de origen indígena”. El texto fue finalmente rechazado.

La OEA se expresó también respecto de la quema de la wiphala, una de las enseñas bolivianas, durante los conflictos que terminaron con la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre, y la posterior asunción de Áñez. Debemos “condenar también la intolerancia hacia los símbolos, vestigios tradicionales y prácticas religiosas, así como cualquier aspecto de la civilización indígena que pueda ser objeto de trato o mención desigual”, dice el documento.

Una comisión de especialistas de la CIDH visitó Bolivia a principios de mes para investigar especialmente los casos de represión policial-militar en Sacaba y Senkata, que terminaron con al menos 19 muertos con heridas de bala.

Además, la instancia de la OEA demandó “una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos”, que finalmente fue acogida por la administración transitoria.

“No es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”, consideró entonces la CIDH.

Aunque el gobierno de Áñez justificó que las Fuerzas Armadas no usaron “ni un solo proyectil” y que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que las muertes no fueron causadas por armamento convencional, la CIDH estableció que en ambas intervenciones hubo una “masiva violación de derechos humanos”.

Antes del operativo de Sacaba, Áñez firmó el Decreto Supremo 4078 que libró de penalidades a las Fuerzas Armadas en el control de la convulsión social. Si bien después de las conflictos y las muertes el documento fue abrogado, a solicitud de los sectores movilizados, la CIDH había recordado al Estado de Bolivia “que, bajo los estándares interamericanos de derechos humanos, el Decreto 4078 es jurídicamente inoponible en virtud de su invalidez, por lo cual los actos de violencia que se hayan cometido durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado”.

El gobierno había considerado inconsistente y parcializado el informe preliminar de la CIDH, por lo que acordó con el organismo ampliar las investigaciones.

En la resolución de este miércoles, la OEA también subrayó “la necesidad de que las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia cumplan su responsabilidad inherente, como parte de la comunidad de naciones, de proteger los derechos humanos de todos en Bolivia”.

Hizo un «llamamiento a las autoridades bolivianas para que garanticen, de manera plena e irrestricta, la observancia y la protección de los derechos humanos y garanticen la responsabilidad por cualquier violación de los mismos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.

Antes de la renuncia de Morales, debido a conflictos sociales, políticos y cívicos en su contra fallecieron dos personas en Montero y una tercera en Cochabamba. Por estas muertes fueron sindicados militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Además, hubo un ataque a una comitiva de manifestantes contra Morales en Vila Vila, camino entre Oruro y La Paz, que terminó con varios heridos.

La crisis se desató por las irregularidades encontradas en el cómputo de votos de las elecciones del 20 de octubre que presuntamente, como concluyó la misión de observadores de la OEA, favoreció a la victoria anulada de Morales. /La Razón