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La sentencia a Goni indica que debe resarcir los daños económicos, en caso de que él no pueda heredará a sus descendientes

Mencionó que la reparación civil se procesaría en Bolivia. Resaltó que se cuenta con mecanismos de cooperación jurídica internacional, para solicitar el congelamiento de cuentas y embargo de bienes en el exterior.

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Foto-Gonzalo Sánchez de Lozada

La Paz, 3 de diciembre 2024

La sentencia condenatoria contra Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y sus exministros viabilizará el inicio del proceso de extradición a Bolivia y además se habilita la acción reparatoria, informó este martes el ministro de Justicia, César Siles.

“Ahora tenemos justicia con esta sentencia condenatoria, ahora habilitamos, además con esta sentencia, la acción reparatoria civil y los trámites de extradición que habrá que comenzarse”, informó la autoridad en conferencia de prensa.

Mencionó que la reparación civil se procesaría en Bolivia. Resaltó que se cuenta con mecanismos de cooperación jurídica internacional, para solicitar el congelamiento de cuentas y embargo de bienes en el exterior.

“Se ha concluido la etapa más importante el proceso. El juicio que había comenzado en agosto de este año, llega a su fin con la sentencia dictada anoche (…). Se ha convocado para hoy (martes) por la tarde a leer en su integridad el texto de esta sentencia que, sin duda, marca un hito. Es una sentencia que aguardaba el pueblo boliviano, que aguardaban las víctimas de la ‘Guerra del Gas’”, indicó Siles.

Goni y sus colaboradores incurrieron en delitos al suscribir 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos, sin la autorización del entonces Poder Legislativo.

“Era inaudito pensar que, sin autorización congresal, de espaldas al pueblo, sin cumplir el procedimiento constitucional, se haya firmado 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos”, dijo Siles y precisó que las regalías solo alcanzaban al 18% para el Estado; sin embargo, las empresas petroleras se llevaban el 82%.

El caso “Petrocontratos”, fue iniciado en 2005 e involucró inicialmente a expresidentes, como Sánchez de Lozada y Jorge «Tuto» Quiroga. Sin embargo, este último fue excluido del proceso por una amnistía otorgada por Evo Morales en 2018.

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