Las gestiones para la llegada del Relator de la ONU Diego García-Sayán se iniciaron en octubre del pasado año

La Paz, 16 de febrero 2022

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizaron gestiones desde el 28 de octubre para la llegada del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García Sayán, para evaluar la independencia judicial en el país.

La iniciativa se dio a partir del Informe de Gestión de esa gestión del presidente Luis Arce Catacora, donde se anunció “el compromiso de consolidar la reforma de la justicia, para cuyo efecto resultan trascendentales las recomendaciones de expertos internacionales autorizados, que contribuyan al respeto y la observancia del Órgano Judicial en el marco de los estándares internacionales previstos en los Principios Básicos aprobados en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente”.

De esta manera, las gestiones se iniciaron el pasado 28 de octubre de 2021, cuando el ministro Iván Lima solicitó a través de una primera misiva dirigida al Canciller Rogelio Mayta, que diera inicio a las gestiones diplomáticas para hacer realidad la visita del Relator Especial a Bolivia.

La carta señala que la llegada de García-Sayán “puede contribuir a mejorar el sistema judicial con recomendaciones concretas; la independencia del Poder Judicial, abogados y funcionarios judiciales con propuestas importantes; así como ayudar a identificar los avances conseguidos a la hora de proteger y mejorar los esfuerzos por lograr dicha independencia. Solicito a la cartera de Estado a su cargo, cursar una invitación formal y diplomática al Relator Especial a efecto de que, en cumplimiento a su mandato y previo examen del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, pueda emitir recomendaciones”.

El 22 de noviembre, el Ministerio de Justicia continúa con las gestiones ante Cancillería para “cursar una invitación formal y diplomática al Relator Especial, a fin de que pueda emitir recomendaciones orientadas a mejorar el Sistema Judicial en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de su mandato iniciado en la Resolución 1994/41 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 4 de marzo de 1994”.

El 2 de diciembre, en el marco de las gestiones realizadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue para oficializar la visita de García-Sayán luego de que manifestó su predisposición a través de una nota enviada a la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra.

En su confirmación, García-Sayán recordó las conversaciones con el Ministro de Justicia respecto a la posibilidad de llevar adelante la visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia.

El 17 de diciembre, la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, mediante una misiva protocolar se dirigió a la Subdivisión de los Procedimientos Especiales de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de comunicar el interés de ambas partes de concretar la visita oficial a Bolivia.

“El Estado Plurinacional de Bolivia fiel a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a su espíritu de cooperación con los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, tiene el agrado de confirmar esta solicitud para la segunda semana de febrero de 2022 y que se lleve a cabo una visita constructiva que permita identificar en conjunto vías para fortalecer el proceso de reforma de la justicia que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia”, concluye.

De esta manera, el Relator Especial arribó al país el 14 de febrero con una agenda amplia. El 22 de febrero concluirá su visita e informará al país las conclusiones preliminares.