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Sociedad

Legislador plantea nacionalización de ‘chutos’ para ‘productores’, no para la venta

Vicente Condori cree que en el país circulan al menos 200.000 vehículos indocumentados que al ser legalizados podrían inyectar recursos a los municipios mediante impuestos.

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Foto-Archivo infodiez

La Paz, 4 de agosto 2021

El diputado Vicente Condori, del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó que trabaja en la presentación de un proyecto de ley para permitir una nueva nacionalización de vehículos indocumentados (“chutos”).

En diálogo con periodistas, el parlamentario señaló que es evidente la presencia en el país de una gran cantidad de motorizados que no cuentan con documentación, que, sin embargo, circulan sin pagar tributo alguno.

“Hay más de 200.000 autos indocumentados en el país; entonces, hay que dar una viabilidad de poder solucionar esta situación porque no podemos dejar así, hay que ver la manera de cómo pueden aportar al estado y los municipios con recursos”, afirmó Condori.

Dijo que aún trabaja el proyecto y que en las próximas semanas será presentado al Órgano Legislativo para su consideración. Entretanto, adelantó que buscará reuniones con los sectores del transporte y del empresariado para construir una norma en consenso.

Condori agregó que una de las características de una nueva nacionalización de vehículos indocumentados será el de beneficiar solamente al sector productivo; es decir, a aquellas personas del área rural que utilizan sus motorizados para el transporte de su producción. Por otra parte, los vehículos nacionalizados no podrán ser comercializados, puntualizó.

“Estas movilidades, si es que se legalizan, sean para aquellos productores, no así para la venta, porque la gente que va a legalizar seguramente querrá negociar las movilidades. Entonces estamos tomando en cuenta un artículo que diga que los vehículos no podrán ser vendidos entre cinco a ocho años; ése es uno de los artículos que estamos poniendo”, dijo.

Según Condori, los más de 200.000 autos indocumentados podrían ser un buen aporte para el Estado y los municipios en materia impositiva. //La Razón

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