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Legisladores piden al Gobierno frenar abuso de cooperativistas contra indígenas de Michiplaya

Barros explicó que desde 2016 son amedrentados por los cooperativistas, pero las agresiones fueron en aumento.

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Foto-RR SS

La Paz, 10 de julio 2021

Senadores, diputados y asambleístas departamentales de La Paz exigen al Gobierno nacional acciones inmediatas para frenar la vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Michiplaya, que desde hace un mes no logran acceder a alimentos, medicamentos y servicios básicos ante el bloqueo de cooperativistas mineros.

“Los cooperativistas cortaron los cables, no tenemos energía eléctrica, bloquean el camino y no podemos llevar a nuestros enfermos de COVID19 hasta un centro médico, no podemos abastecernos de alimentos, medicamentos, nuestros hijos no pueden ir a la escuela. Los cooperativistas nos quieren quitar nuestra tierra”, denunció Prudencio Barros, dirigente indígena de Michiplaya en conferencia de prensa.

Barros explicó que desde 2016 son amedrentados por los cooperativistas, pero las agresiones fueron en aumento y se agravó con la presencia de más de 400 efectivos policiales que se trasladaron hasta la zona para resguardar la cooperativa minera y no así a la comunidad indígena que resguarda su territorio.

Es ante ese panorama que senadores, diputados y asambleístas departamentales de La Paz resolvieron en una reunión conjunta, en coordinación con representantes de organismos internacionales, brindar el respaldo jurídicos a los indígenas de Michiplaya, para evitar la escalada de violencia en la zona y hacer respetar el Territorio Comunitario de Origen (TCO).

La senadora Cecilia Requena exigió a la Policía que “cumpla su rol de proteger los derechos legítimos de esta comunidad y no así los intereses de los mineros, porque estos intentan desplazar a los indígenas de su territorio”.

La legisladora Requena también exigió a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) explique bajo fundamentos otorgó el permiso para la explotación de minerales en la zona de conflicto.

En tanto, la asambleísta departamental, Esther Góngora, lamentó que el Gobierno haya enviado a 450 efectivos policiales para resguardar a los cooperativistas y no así a la comunidad indígena. “Es lamentable, el alcalde de Mapiri, (municipio al cual pertenece la TCO), solo vela por sus intereses, claro porque él es minero, es socio minero”, dijo.

Los legisladores nacionales y departamentales advirtieron que acudirán a todas las instancias, incluso internacionales para que el Gobierno de Luis Arce garantice a la comunidad indígena la pronta atención y brindar los servicios básicos, atención médica y dotación de alimentos, derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.

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