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Política

Ley 1386 no afecta a transportistas, gremiales y pequeños comerciantes

La citada norma será reglamentada previa coordinación con los sectores sociales para definir las tareas que contemplará la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas.

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Foto-Archivo infodiez

 La Paz, 22 de octubre 2021

La Ley N° 1386 “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” tiene el objetivo de prevenir y luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas que podrían generar efectos negativos a la estabilidad económica y reputación de Bolivia.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realiza estas aclaraciones ante opiniones vertidas en diferentes medios de comunicación donde se oponen a la vigencia de la mencionada Ley.

Esta normativa no afecta a los  transportistas, pequeños comerciales ni al sector gremial, como lo expresaron algunos representantes de organizaciones sociales, políticos de oposición, al contrario esta Ley es preventiva, considerando que define las principales directrices en cuanto a la lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.

La Ley de Estrategias será reglamentada en coordinación con los sectores sociales involucrados con la finalidad de definir las tareas a ser ejecutadas dentro de la estrategia, es decir se delimitarán plazos, uso de herramientas y metodologías, entre otras, para la ejecución de la citada norma.

Las reglamentaciones serán puestas a consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo (CONAL), en coordinación con las carteras de Estado que conforman dicha instancia.

Es importante recordar que las atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) fueron establecidas el 31 de julio de 1997, mediante el decreto reglamentario, el cual dispone, entre otras acciones: recibir y pedir de los sujetos obligados los reportes de actividades sospechosas; recabar información pública o confidencial, de cualquier organismo de registro público. Se reitera que estas atribuciones ya se encuentran vigentes hace más de dos décadas, por tanto no son nuevas.

El Gobierno inició una campaña de socialización con las organizaciones sociales de los gremialistas, comerciantes minoristas y otros sectores a objetivo de evitar malas interpretaciones de la norma y evitar la manipulación por parte de los opositores.

Producto de las campañas de socialización, muchos sectores sociales comprendieron el objetivo de la medida, incluso luego de aclarar sus dudas apoyan la norma porque saben que no les afectará como pretende hacer creer la población.

En este contexto, es tendencioso señalar que la norma en cuestión tiene únicamente un fin de persecución, ignorando que la necesidad de esta Ley responde al cumplimiento de un compromiso realizado a nivel internacional tanto con las Naciones Unidas, así como con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros.

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