Los seis hechos de corrupción que sacuden a las FFAA de Bolivia

La Fuerzas Armadas de Bolivia (FFAA) afrontan seis grandes hechos de corrupción que han ocasionado un millonario daño económico al Estado. Se registran compras irregulares de accesorios para aeronaves, denuncias de compras observadas de inmuebles y equipos, empresas quebradas e incumplimiento de contratos, donde se han visto involucradas importantes autoridades militares de los tres estamentos: Ejército, Naval y Fuerza Aérea (FAB).

Este año, el excomandante del Ejército, Fernando Zeballos, fue detenido en la cárcel de San Pedro al haber firmado con la empresa Integración del Chaco nueve contratos presuntamente irregulares para la construcción de nueve puestos militares por una inversión de cerca de Bs 18 millones, con recursos provenientes del programa “Evo Cumple”.

Por este mismo caso fue detenido el representante legal de la empresa, Néstor Terán. También están implicados el excomandante de las FFAA, Omar Molina, y otros dos oficiales.

En diciembre de 2013, el general Zeballos firmó los contratos para la construcción de puestos adelantados, luego fue relevado del cargo y su sucesor el general Omar Salinas fue el encargado de desembolsar los recursos y ejecutar las obras que fueron realizadas de manera irregular, según la abogada Audalia Zurita.

Otro caso es el de la quiebra de la Empresa Constructora del Ejército (ECE) con un daño económico al Estado de al menos Bs 60 millones, monto que fue un anticipo para la ejecución de seis obras en distintos puntos del país. Por este hecho fueron detenidos dos militares y un civil, entre ellos el exgerente de la ECE, Nikita Apaza López, por los supuesto delitos de incumplimiento de contratos, malversación de recursos y enriquecimiento ilícito.

La empresa del Ejército inició operaciones en junio de 2012 con un capital de 40 millones de dólares otorgados por el Gobierno nacional y a raíz del incumplimiento de ejecución de obras de la empresa, en septiembre de 2015, el Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo 2507, dispuso el cierre de la ECE y que sus activos y pasivos pasen a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena).

Naval

Otro caso emblemático es el de las barcazas chinas, hecho que se remonta a la gestión 2009, cuando la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) empezó el trámite con dos empresas chinas para la construcción y adquisición de 16 embarcaciones y dos empujadores, dando un pagó por adelantado de $us 28,9 millones; sin embargo, las barcazas no llegaron al país y permanecieron en China, generando una deuda por almacenaje en el astillero de cerca de $us15 millones.

A raíz de esta deuda, el caso pasó a tratarse en un litigio internacional en el Tribunal Marítimo de Qingdao de China y a la fecha se desconoce cuándo llegarán al país estos pontones.

Al respecto el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, señaló que a la fecha hay tres almirantes presos, uno en San Pedro y dos con detención domiciliaria. El principal implicado es el exgerente general de Enabol, contraalmirante Freddy Ballesteros Quiroga.

Fuerza Aérea 

Los principales hechos de corrupción y denuncias que se suscitaron en la FAB, se desarrollaron en Transporte Aéreo Militar (TAM) y Transporte Aéreo Boliviano (TAB).

En 2007, el Transporte Aéreo Militar (TAM) desembolsó la suma de 1.313.444,01 bolivianos para la compra de repuestos de aeronaves (BAe-146-200). Desde ese año hasta 2014 se identificaron descargos irregulares y se desconoce el destino de los mencionados repuestos, por lo que un informe de auditoría concluyó que “existe evidencia suficiente para establecer un posible daño económico”.

Si bien el hecho sucedió en 2007, la querella se presentó en 2014 y el proceso judicial contra los presuntos responsables continúa. En este caso fue sindicado el comandante de la FFAA, general Gonzalo Durán que no se presentó a declarar en dos ocasiones.

Otro hecho fue denunciado por la diputada de Unidad Demócrata (UD), Rose Marie Sandoval, quien interpuso ante la fiscalía una denuncia en contra de funcionarios de la FAB por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y daño económico, en la presunta compra irregular de motores.

La asambleísta pidió que se investigue la compra y actual situación de los motores adquiridos por la FAB.

Finalmente, también el TAB fue implicado en hechos de corrupción, tras la denuncia de la misma diputada de UD respecto a un sobreprecio en la adquisición de un inmueble y la compra irregular de un soplador (que genera aire para motores), un loader (equipo con capacidad de carga) y un scissor lift (una plataforma tipo tijera). El gerente del TAB, Guido Hernani,  negó rotundamente cualquier manejo irregular de recursos.

Ante estos hechos irregulares y distintas denuncias, el abogado Manuel Porcel dijo que el Ministerio de Defensa ha iniciado seis auditorías para determinar irregularidades que se habrían cometido al interior de la FAB, TAM y TAB  y anunció acciones legales contra quienes resulten culpables de los supuestos hechos de corrupción.

Además indicó que revisarán los distintos contratos para verificar si los uniformados incurrieron en otras irregularidades.