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MHE pedirá ocho años de cárcel contra acusados por daños a la Planta de Amoniaco y Urea

El martes 28 de febrero está previsto que inicie el juicio oral contra el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Z.; el expresidente de YPFB, Herlan S.; el exvicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Jorge B.; el exgerente de Industrialización de YPFB, Óscar B.; el exdirector de la PAU, Carlos V. y el excoordinador de la PAU, Ivert O.

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Ex autoridades de Hidrocarburos
Foto-Ex autoridades de Hidrocarburos

La Paz, 8 de febrero 2023

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) pedirá ocho años de privación de libertad por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica para los acusados de ocasionar daños económicos a la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), dentro del caso denominado YPFB-Bulo Bulo.

“El equipo jurídico del Ministerio de Hidrocarburos y Energías presentó una acusación particular para ser parte del juicio oral en este proceso judicial, en el que se pedirá sentencia condenatoria y la pena máxima; y, lógicamente, la reparación del grave daño económico ocasionado a la planta”, expresó el titular de esta cartera estatal, Franklin Molina Ortiz.

El martes 28 de febrero está previsto que inicie el juicio oral contra el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Z.; el expresidente de YPFB, Herlan S.; el exvicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Jorge B.; el exgerente de Industrialización de YPFB, Óscar B.; el exdirector de la PAU, Carlos V. y el excoordinador de la PAU, Ivert O.

Estas personas son acusadas de la paralización de esta gigantesca planta a finales del 2019, lo que generó pérdidas económicas para el Estado por falta de producción y comercialización del fertilizante y por daños a equipos de alto valor, como turbinas y calderos.

La acusación particular presentada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías se sustenta en pruebas documentales, testificales, periciales y de inspección, entre otros elementos probatorios.

Por su parte, la Fiscalía sustenta la acusación formal con 11 pruebas testificales, 73 documentales, requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas, y además ofreció una prueba pericial de auditoría forense a desarrollarse por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para cuantificar el total de daño económico generado al Estado, entre otros elementos probatorios.

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