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Bolivianos en Argentina

Mujer boliviana escapó de su explotador por el balcón de un taller clandestino en Villa Celina 

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Una mujer boliviana de 20 años de edad víctima de explotación laboral en Villa Celina, logró escapar por el balcón de un taller  clandestino aprovechando que su explotador (también de nacionalidad boliviana) viajó de vacaciones a Bolivia
El propietario del taller había partido de vacaciones a Bolivia dejando en su lugar a otra persona. En esas circunstancias y aprovechando un descuido, pudo escapar por un balcón de la casa y hacer la denuncia en la comisaría,
Tiene veinte años y llegó desde Bolivia engañada. Luego de varios meses de cautiverio logró escapar y hacer la denuncia. Gracias a su declaración la división de Trata de la Policía Federal allanó varios talleres y liberó a unas setenta y cinco personas, entre ellos doce menores. Recién allí los locales fueron clausurados por el municipio.

La causa se inició en enero de este año en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Morón a cargo del doctor Jorge Ernesto Rodríguez, y en la secretaría Nro. 8 a cargo de Ignacio Calvi, cuando una mujer de origen boliviano formalizó la denuncia por secuestro y trata de persona.

Tiene veinte años y su identidad permanece reservada. Había llegado a Buenos Aires Argentina junto a su pareja y su hijo de menos de un año en el mes de septiembre de 2017 con la promesa de trabajo en la cocina de un taller propiedad de un tío de su novio. Nunca le pagaron un sueldo y tampoco le permitían salir del lugar. “Le decían que no saliera porque su situación era irregular y le sacarían a su hijo”, manifestó

La mujer, quien durante el cautiverio también fue víctima de violencia de género, pudo escapar del lugar en diciembre de ese año. El propietario del taller había partido de vacaciones a Bolivia dejando en su lugar a otra persona. En esas circunstancias y aprovechando un descuido, pudo escapar por un balcón de la casa y hacer la denuncia en la comisaría, que derivó en el proceso a cargo del juez Jorge Rodríguez. Tras declarar a través de cámara Gesell permaneció en un refugio hasta que finalmente pudo reunirse con su familia en su país natal.

Antes, pudo identificar dos domicilios, lo que permitió a la división de Trata de la Policía Federal abrir una investigación. Luego de varios meses de seguimiento y de escuchas, se allanaron varios talleres clandestinos que operaban en el área metropolitana. En total se liberaron a unas setenta y cinco personas, entre ellas doce menores de edad, y se detuvo a otras quince personas apuntadas como cabecillas de una red de trata que operaba en estos lugares.

Entre los locales allanados figura un edificio de cuatro pisos sobre la calle Olavarría al 2900, donde funcionaban diez talleres de confección de ropa. Allí detuvieron a doce personas: siete hombres y cuatro mujeres de nacionalidad boliviana y una ciudadana argentina. Ellos cumplían tareas como captadores, regentes y transportadores. Los dueños de la vivienda también fueron aprehendidos. Las víctimas que vivían en condiciones de hacinamiento.

El allanamiento de la calle Olavarría derivó en un segundo procedimiento en otro domicilio sobre la calle Franklin Roosevelt. Se trata de una construcción de tres pisos en la  que funcionaban otros tres talleres textiles clandestinos y donde residirían las víctimas, todas de origen boliviano y entre los cuales se encontraban los doce menores.

En total fueron liberadas setenta y cinco víctimas que eran explotadas laboralmente fueron liberadas y de acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, todas recibieron el debido protocolo de contención y asistencia.

Entre los elementos secuestrados se encuentran, además de un caudal importante de prueba documental, etiquetas de primeras marcas de ropa e indumentaria como Nike, Otorongo, Remzar Bross, Zantino, Jockey Club, Pionero real, Fevems Rafa, May, Castellanas y Soombo. También 500 unidades de ropa interior masculina, 200 remeras, 155 pantalones de jean y 95 máquinas textiles.

Recién luego del intenso despliegue intervino el municipio de La Matanza, a cargo de Verónica Magario, que procedió con la clausura de los locales “por carecer de medidas de seguridad y de higiene”.

Para finalizar cabe mencionar la Policía Federal actuó en forma coordinada con personal del programa nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la dirección nacional de Migraciones

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