La Paz, 21 noviembre de 2020
ABI.- El ministro de Justicia, Iván Lima, solicitó este sábado a la Fiscalía revisar el caso del ciudadano argentino, Facundo Molares Schoenfel, porque recibió tratos crueles y degradantes durante los conflictos políticos y sociales de 2019.
«He leído la acusación de la Fiscalía de 43 páginas y le pido al Fiscal General que revise la acusación, no encuentro ni un solo elemento o prueba para acusar penalmente a este ciudadano», informó Lima en una conferencia de prensa.
El Ministro enfatizó que no se referirá a casos concretos en respeto a la independencia de la justicia, sin embargo, tomó nota del caso de Molares por la evidente vulneración de derechos humanos y ante la preocupación del gobierno argentino sobre este tema.
De hecho, la Cancillería argentina pidió al juzgado que lleva el caso de Molares -vinculado con la violencia y muerte de dos personas en Montero en 2019- considerar la cesación de su detención preventiva por su delicado estado de salud y por no existir pruebas en su contra.
Al respecto, el Ministro de Justicia advirtió que «ninguna persona en Bolivia puede recibir ningún trato cruel, inhumano o degradante, la situación en la que estaba él, de retardación de justicia, de que nadie le diga por qué se lo está acusando».
Remarcó que Molares sufrió tratos crueles y degradantes durante su detención.
«Tiene un fallo renal, tiene COVID-19 -lamentablemente- y no teníamos ninguna condición en la cárcel de Chonchocoro para atenderlo. Se lo ha llevado al hospital, se lo ha enmanillado a la camilla donde estaba y eso se entiende, en derecho humanitario, como un trato inhumano, degradante», explicó.
Morales, quien ejerce el fotoperiodismo, fue detenido por la Policía el 11 de noviembre de 2019, en medio de protestas de Montero, en Santa Cruz. Fue apresado estando herido.
Por la gravedad de las heridas, Molares fue sometido a un coma inducido y posteriormente fue acusado de participar en la muerte de dirigentes cívicos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, durante un enfrentamiento entre civiles en Montero, en el puente de la Amistad.
Diversos organismos de derechos humanos observaron los tratos crueles que se dieron a Molares y sus familiares durante su detención en Bolivia.
El reportero gráfico está detenido en Bolivia desde el 29 de noviembre, cuando se produjo el golpe de Estado
Bolivia: los organismos de derechos humanos exigieron la liberación del fotógrafo Molares Schoenfeld
Facundo Molares Schoenfeld vive un verdadero calvario. El fotógrafo argentino, de 44 años, había arribado a Bolivia con el objetivo de cubrir el golpe de Estado efectuado por Jeanine Áñez.
Sin embargo, cuando por una insuficiencia renal debió ser hospitalizado en estado de coma inducido, personal policial presentó una orden de detención por su presunta participación en el bloqueo de un puente.
Ese fue el inicio de un tortuoso recorrido las cárceles más peligrosas de Bolivia. Los organismos de derechos humanos argentinos exigieron por la repatriación de Molares Schoenfeld.
«El estado de salud de Facundo se agrava cada vez más: hoy se detectó líquido en los pulmones, por lo cual fue trasladado con urgencia a una unidad sanitaria, donde se le practicó un hisopado que dio positivo de Covid 19», expusieron en un comunicado las agrupaciones, entre ellas, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
El escrito también describe la pesadilla que transitó el reportero gráfico desde su lleghada a Santa Cruz de la Sierra: «Facundo Molares Schonfeld es periodista y fue detenido y luego encarcelado en Bolivia por disposición de las autoridades del entonces gobierno de facto de ese país. Molares Schonfeld había viajado en octubre de 2019 para cubrir las elecciones generales para la revista digital Centenario de Argentina. Al día de hoy, lleva 12 meses detenido ilegalmente en un proceso plagado de irregularidades».
«Ante la grave situacion y riesgo de vida, hacemos un llamado a las autoridades para su repatriación por razones humanitarias«, completa el comunicado que lleva las firmas de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS; Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Asociación Buena Memoria; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
El calvario de Molares Schoenfeld
Facundo Molares Schoenfeld nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y su activa militancia social lo llevó a recorrer Ecuador, Cuba, Paraguay, Brasil, Perú, Chile y Bolivia hasta llegar a Colombia. Si bien se recibió de perito forestal, la pasión de Molares era el periodismo: en el último tiempo colaboraba con la revista de izquierda Centenario. Al poco tiempo de arribar a Bolivia, Molares Schoenfeld fue atendido en una sala de primeros auxilios. Como los dolores se intensificaron, ingresó el 11 de noviembre en el Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra y quedó internado en terapia intensiva.
Pese a su estado, la Justicia de Áñez lo imputó por varios presuntos delitos, entre ellos, le inician una causa por homicidio e incitación a la violencia. El 29 de noviembre, a Facundo le dictan prisión preventiva en una audiencia cautelar celebrada en el mismo hospital y lo trasladan al penal de Palmasola, uno de los más peligrosos de Bolivia.
El 5 de diciembre, un médico determina que a las afecciones que Molares Schoenfeld ya tenía, se le suma una infección pulmonar. Ante esa situación, el fotógrafo es trasladado a otra cárcel, la de Chonchocoro, a cuatro mil metros de altura y con temperaturas extremas.
En diciembre del año pasado, Hugo Molares -padre de Facundo- dialogó con Página/12 para relatar el calvario de su hijo. «Está detenido ilegalmente y nada de lo que hicieron con él tiene justificación», comentó sobre la situación de Facundo.
Hugo Molares, juez de Paz de Trevelin, provincia de Chubut, también narró que antes de ser imputado por la Justicia del gobierno de facto, viajó a Bolivia y pudo ver a su hijo internado en terapia intensiva. Sin embargo, la visita duró muy poco tiempo: los propios policías amenazaban al padre para que se retire del país. «Me dijeron sin vueltas que me convenía irme de Bolivia. Que si nos quedábamos en el país nos iban a masacrar», aseguró.
