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Para la cadena perpetua en Bolivia requiere Asamblea Constituyente

Publicada

hace 7 años

6 de enero de 2017

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Dos abogados constitucionalistas explicaron que para introducir la cadena perpetua como máxima sanción en la Constitución Política del Estado (CPE) no basta un referendo, es necesario realizar una Asamblea Constituyente, lo cual implica mucho dinero y, según ellos, una burla hacia la recién modificada Carta Magna.

El martes, el presidente Evo Morales habló de llamar a una consulta para modificar la CPE y aplicar la cárcel de por vida a violadores de niños y niñas, una propuesta del Gobierno validada en la Cumbre de Justicia.

Pero el jurista Carlos Alarcón indicó que este cambio afectaría una garantía constitucional, lo cual sólo es posible mediante una Asamblea Constituyente.

«Por razones de fondo, de procedimiento y económicas esa propuesta es inviable. No sólo no serviría a su propósito (reducir las violaciones a niños), sino que está mal planteada porque no se logra sólo a través de un referendo”, añadió Alarcón.

El artículo 411 de la CPE en su parágrafo primero señala que «la reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente”.

El parágrafo II del artículo 118 establece que «la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto”. Este artículo se encuentra en Capítulo de Garantías Jurisdiccionales, es decir que se trata de una «garantía”.

El constitucionalista William Bascopé, que además participó en la Asamblea Constituyente que redactó la nueva CPE, apuntó que hacer este cambio es una burla hacia la máxima norma del Estado que no puede modificarse cada vez que le dé la gana al gobernante.

Coincidió con Alarcón al señalar que para introducirla a la Carta Magna es necesaria una nueva Asamblea que requiere un primer referéndum de convocatoria, una elección de constituyentes, y un segundo referendo para aprobar lo modificado. Esto implicaría un costo de 90 millones de dólares como mínimo.

Recordó que una Asamblea Constituyente es el mismo camino que debe seguir el Gobierno para la repostulación de Morales.