Parada declara en la Fiscalía por el caso Gases y a su salida evita hablar de Murillo

La Paz, 16 de junio 2021

“Sin comentarios”, respondió este miércoles José Luis Parada, exministro de Economía, cuando a su salida de la Fiscalía de La Paz fue consultado sobre el rol que jugaba su excolega Arturo Murillo en el gobierno transitorio y quien ahora está detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y pago de sobornos en el proceso de adquisición de gases lacrimógenos para Bolivia.

Parada, como otros exministros del gobierno de Jeanine Áñez, se presentó en el Ministerio Público a declarar en calidad de testigo por el caso Gases lacrimógenos y aseguró que retornará “las veces que sea necesaria” porque, según su criterio, “lo único que se quiere es que se establezca la verdad”.

Además, remarcó que cuando estuvo en el gobierno de Áñez, la mayor preocupación del ministerio que estaba a su cargo era mantener la estabilidad económica, cumplir con los compromisos salariales “que eran altos en ese momento” y sobre todo conservar la estabilidad cambiaria.

“Después nos tocó atender la pandemia, por lo tanto, cada ministro tenía su responsabilidad y la mía era atender el tema económico al cual dediqué, por no decir, las 24 horas, porque fue bastante problemático para Bolivia”, enfatizó.

Y cuando fue consultado si realmente había o si él incluso formó parte del “minigabinete” de toma de decisiones en el gobierno de Áñez que mencionaron algunos excolegas, respondió de manera enfática: “No, en absoluto”.

“El área económica trabajaba 24 horas (en sus funciones), así que si pudo haber (existido) minigabinete eso no lo conozco, no he asistido tampoco”, añadió.

Hace dos días, el exministro de Minería Carlos Huallpa, que también se presentó en la Fiscalía, indicó que había un “minigabinete” de decisiones en el gobierno de Áñez, conformado por ella y los entonces ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de la Presidencia, Yerko Núñez.

Los exministros Murillo y López son los principales procesados por la adquisición de gases lacrimógenos con un sobreprecio calculado en $us 2,3 millones. //La Razón