Periodistas protestan por hostigamiento y cierre de radios

La Paz, 29 de agosto 2023

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) expresan su alarma y preocupación ante las sucesivas acciones de acoso y hostigamiento que lleva adelante el gobierno central, desde la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, en contra de medios de comunicación de los Yungas, que han conducido a graves situaciones como el cierre, el secuestro de equipos, el retiro de licencias de funcionamiento y la imposición de onerosas e injustificadas multas.

Coincidentemente, estas acciones se ejecutan contra radioemisoras que tienen una línea editorial de defensa de los intereses de los sectores campesinos productores de coca de los Yungas, y de cuestionamiento a las políticas de represión ejecutas por el gobierno en contra de ese sector.

Recordamos al gobierno que rigen en Bolivia los derechos a la libertad de opinión y de acceso a la información, que no pueden ser conculcados de ninguna manera, y menos por decisiones políticas y arbitrariedades que buscan acallar las voces críticas al poder.

Exigimos al Ministerio de Obras Públicas, cabeza del sector de Telecomunicaciones que aclare esta grave situación de violación de derechos, que cese la persecución contra medios de comunicación y que se avengan al cumplimiento de la ley, anulando las medidas que implican el cierre de las radios o la interrupción de emisiones.

Asimismo, demandamos al Ministerio de Justicia, al Viceministerio de Comunicación y a la Defensoría del Pueblo que intervengan a la brevedad para detener este despropósito, recordándoles que tienen la obligación constitucional de asumir acciones de defensa y garantía del ejercicio de derechos ciudadanos como los que representan y ejercen los medios y los periodistas.

De continuarse el hostigamiento y la presión para obligar al cierre de medios de comunicación en Bolivia, será necesario proceder a realizar las denuncias ante organismos internacionales porque no podemos admitir que bajo el propio sistema democrático y usando a las instituciones del Estado, se precaricen las libertades fundamentales de la ciudadanía.