Persona con discapacidad fue cesada de funciones en institución pública sin considerar la ley 977

La Paz, 25 de junio 2022

La exfuncionaria de EMAPA recibió más de ocho contratos laborales y esta gestión la gerencia dispuso suspenderla, según la denunciante por su condición de no vidente e incapacidad física motora a pesar de no tener llamadas de atención durante su larga trayectoria laboral. La Defensoría del Pueblo, consideró tomar parte de la denuncia.

La exfuncionaria de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. Janet Zonia Salinas Choquehuanca, denunció al gerente ejecutivo de la institución, quien ordenó suspender su contrato laboral a pesar de estar vigente la Ley Nro. 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad.

Recurrimos a la autoridad Sumariante competente, quien revisó posibles faltas y contravenciones en el ejercicio de mis funciones como servidora pública. Al no existirlas, dispuso un nuevo contrato laboral, siendo de febrero a julio de la gestión 2022, puntualizó Salinas.

La exfuncionaria de la institución pública, denunció que, según el artículo 2 de Inserción Obligatoria e Intermediación de la ley 977 señala: Todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional que perciban, generen y/o administren recursos públicos, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad (…) grave o muy grave, en un porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal.

La delegada Defensorial Departamental de La Paz (Defensora del Pueblo), Dra. Mabel Martínez Pabón, puntualizó que cuando las personas con discapacidad se encuentran vulneradas en sus derechos y discriminadas, procedemos a intervenir ante la institución infractora, tomando también por estrategia a otras competencias, como el Ministerio de Trabajo por los contratos continuos que tiene la Sra. Salinas.  //Raúl Morales Romero