Relator de la ONU habla de injerencia en la Justicia y menciona los hechos del 2020 y el caso Áñez

La Paz, 25 de mayo 2022

El Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, dio a conocer este miércoles el informe final de su visita realizada a Bolivia en febrero de este año, en el que hace mención al “drama de la impunidad” que afecta a las víctimas de las graves vulneraciones de los derechos humanos suscitadas entre 2019 y 2020.

Según un boletín de prensa del Ministerio de Justicia, en las páginas 1, 9, 15 y 19 del informe, se manifiesta que las víctimas de las “graves violaciones de los derechos humanos producidas en el contexto de la crisis sociopolítica de 2019/2020 siguen esperando justicia”.

Graves violaciones a los derechos humanos

Respecto al punto, en la página 9 del informe, se lee: “Y se tiene, finalmente, el `drama de la impunidad´ y de la falta de resultados efectivos frente a graves violaciones de derechos humanos. Mucho se ha escrito sobre las violaciones de derechos humanos del último trimestre de 2019, cuando al menos 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas”.

“Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales. Durante su misión, el Relator Especial se reunió con las víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y Zona Sur para escuchar sus testimonios y lamentó profundamente que hayan pasado más de dos años esperando justicia”, remarca.

El Relator menciona como “aspecto positivo” que la Procuraduría General del Estado “se encuentra promoviendo una legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata y zona Sur”.

En el informe se destaca y manifiesta que el Relator Especial “tomó nota también de la creación de una Mesa Interinstitucional para responder a las víctimas con el apoyo de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

El informe del Relator Especial es producto de una invitación realizada por el Gobierno de Bolivia como parte de su política de transparencia y apertura al escrutinio de organismos internacionales para llevar adelante un proceso de reforma judicial que acerca la justicia a la gente.

Mediante el documento, felicita en cuatro ocasiones la apertura y franqueza del Gobierno nacional para facilitar la visita, y recolección de información y testimonios que sustentan el estudio.

Es así que García Sayán destacó en su informe final la “cooperación invalorable” que recibió para la realización de su trabajo y subrayó que tuvo acceso a todos los actores políticos, sociales, judiciales e institucionales a través de entrevistas y reuniones.

El informe refleja un diagnóstico detallado del estado de situación de la justicia boliviana que coincide con los seis ejes estratégicos de la reforma judicial planteados en septiembre de 2021 por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, luego de una evaluación nacional.

Caso Áñez

En relación a la situación judicial de la exsenadora Jeanine Áñez, el informe señala en su página 15 que, en presencia del Relator Especial, el Ministro de Justicia y la Misión Técnica del ACNUDH firmaron un protocolo para la observación de procesos judiciales.

El documento prevé “que la Misión Técnica haga seguimiento a casos de crímenes de lesa humanidad como los vinculados a la crisis de 2019-2020; causas contra miembros del Poder Judicial y del Tribunal Electoral, entidades de creación constitucional, el Poder Ejecutivo”, en alusión a los procesos contra Áñez.

Esta medida fue asumida para preservar el cumplimiento y observación de “las garantías judiciales y el debido proceso en este y los demás casos”, según el informe.

El caso Áñez no fue destacado como “ejemplo de injerencia”, el informe se refiere a la exsenadora en el párrafo 87 de la página 15 en los siguientes términos:

“87.     Jeanine Áñez, quien ejerció la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021. Enfrenta dos procesos penales por hechos ocurridos en 2019. En el proceso denominado Golpe de Estado I, fue imputada, junto con otros actores, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. En el conocido como Golpe de Estado II, se encuentra imputada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución. Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Tomando en consideración que la Sra.Áñez cumplía una huelga de hambre durante la visita del Relator Especial al Estado Plurinacional de Bolivia, este pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”.

En el capítulo de recomendaciones, en el punto 122 de la página 19, García Sayán señaló: “Con respecto a la crisis sociopolítica de 2019-2020, el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Debe garantizarse la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar”.

Corrupción e impunidad

El Relator Especial califica como “paso positivo” la “constitución de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, al amparo de la Ley número 898, para analizar los casos en los que los sentenciados fueron liberados antes de 2013”.

“El Relator Especial tomó conocimiento -y protestó al respecto- de la excarcelación de Richard Choque Flores, que había cometido delito de feminicidio; la corrupción es la razón de su liberación irregular. El Sr. Choque Flores había sido condenado a 30 años de prisión por el secuestro y el asesinato de una mujer, y le fue permitida la detención domiciliaria por decisión de un juez de ejecución penal usando un procedimiento exprés corrupto basado en un informe médico falso. En otro caso, Felipe Froilán Molina Bustamante, condenado por el asesinato en 1980 del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz a 30 años de presidio sin derecho a indulto, fue beneficiado por otro juez de ejecución penal con una irregular libertad condicional en febrero de 2020”, menciona el menciona el documento en su página 8.

“En marzo de 2022 se anunció que el Consejo de la Magistratura intervendría los Juzgados de Ejecución Penal. Esto se tradujo en la destitución de 11 jueces y la apertura de proceso disciplinario para otros siete. Es un paso positivo que abre la necesidad del diseño de políticas preventivas y de un ejercicio más constante y transparente de la función judicial”.

García Sayán advirtió que “la impunidad frente al delito es una indicación de las dificultades de acceso real a la justicia” y que “el aumento de casos de feminicidios, que continúan impunes, suscita indignación y preocupación en la sociedad boliviana”.

Recomendaciones

En relación a las graves violaciones de derechos humanos en el régimen de facto, García Sayán recomienda también que “el Poder Ejecutivo podría preparar y presentar a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su aprobación expedita, proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata, y zona Sur producidas en 2019”.

Recientemente, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en su condición de punto focal de la mesa de seguimiento a las acciones de reparación integral de las víctimas del golpe de Estado, suscribió acuerdos de avance y verificación de cumplimiento de compromisos y atención de demandas con los afectados.

Justicia cercana a la gente

Esta cartera de Estado retribuye el agradecimiento del Relator Especial y acoge las 12 conclusiones y 20 recomendaciones para continuar y profundizar el proceso de reforma de la justicia, indica el boletín.

Además, toma especial nota de la recomendación No 124 que dice textualmente “El Relator Especial exhorta al Gobierno a designar al titular de la Defensoría del Pueblo” y exhortamos a las bancadas de la Asamblea Legislativa a cumplir con este mandato constitucional, y hace suya la invocación a un “gran acuerdo nacional” para fortalecer la justicia, añade el texto.