Revilla dice, “El Gobierno respira por la herida de la derrota del referendo”

El alcalde Luis Revilla rechaza que la decisión del municipio de equiparar el costo catastral con el comercial para el pago de las transacciones de bienes inmueble sea un “impuestazo neoliberal”, como afirman las autoridades gubernamentales, y sostiene que el Gobierno, al reaccionar como ha reaccionado ante la medida,  “está respirando por la herida de la derrota del referendo en La Paz”.

En este sentido, califica de “irresponsable” la declaración del vicepresidente Álvaro García Linera, al reclamar una reacción de la ciudadanía contra la decisión del municipio paceño.

Revilla afirma que la decisión responde a los principios de justicia y universalidad de la administración tributaria, para evitar que unos paguen más que otros, como ocurre hasta ahora, ya que quienes hacen la transferencia a través del sistema bancario pagan según el costo comercial y quienes lo hacen por vía particular pagan según el

costo catastral.

Señala, asimismo, que la medida afectará a un universo de 3.000 contribuyentes y que la eliminación de la evasión supondrá un ingreso de no más de 30 millones de bolivianos para las arcas municipales.

¿Estamos ante un “impuestazo”?

No, de ninguna manera. Estamos ante un proceso de regularización de la administración tributaria municipal, que tiene una historia reciente no solamente de evasión sino también de decisiones municipales que han privado de recursos al gobierno municipal de La Paz. En el primer caso estamos hablando de unas 3.000 personas al año que hacen trámites de transferencia de bienes y que no pagan lo que tienen que pagar. Es muy común que la gente compre, por ejemplo, una casa en 100 mil dólares, pero al momento de hacer la  minuta de transferencia hagan figurar el precio en la mitad con el único objetivo de pagar un impuesto a la transferencia menor que el que debería pagar por el valor real del inmueble. Esto no ocurre cuando estos trámites se hacen a través del sistema bancario, por una muy sencilla razón: el banco siempre exige que se haga un avalúo y, por lo tanto, el banco sí conoce el valor comercial real y sobre esa base lleva adelante sus operaciones de crédito, y el banco obliga a uno a pagar lo que verdaderamente tiene que pagar. Uno nunca va a ir a un banco y le va a decir haremos figurar menos. Eso ocurre entre particulares. Lo que estamos haciendo con esta modificación es que la gente pague el verdadero valor del impuesto a la transferencia.

¿Cómo se hace eso?

Tratando de equiparar el valor comercial con el valor catastral y aun así no lo hemos equiparado al 100%, sino al 80%. Todavía hay un margen de 20% donde podemos sufrir esta suerte de evasión tributaria. Entonces, no se puede hablar de “impuestazo” porque lo que se está haciendo es promover que la gente pague bien. Hay ciudadanos que pagan lo que tienen que pagar cuando hacen su trámite a través del sistema bancario y otros no porque lo hacen entre particulares y eso es injusto, y es irregular. Al hacer esta equiparación entre valor comercial y valor catastral se evita esa evasión del impuesto.

¿Cómo se evita que se hagan estas negociaciones privadas fuera del sistema bancario?

Justamente, al equiparar los valores se obliga a la gente a que no pueda decir que un bien que vale 100 mil dólares valga 20.000, porque hemos equiparado el valor comercial y valor catastral.

¿Pero quién decide el valor comercial?

Nosotros hemos hecho estudios, que vienen desde al año 2014 y establecen valores de mercado promedio.

Pero tras la equiparación, en los hechos, la gente va a pagar más porque, tradicionalmente, el valor catastral está por debajo del valor comercial. ¿Es así?

La gente va a pagar lo que tiene que pagar. No hay evasión cuando la gente hace las operaciones de transferencia en el sistema bancario porque el banco te obliga a hacer un avalúo. Entonces, el banco sabe los valores de mercado y no hay  margen para negociar el valor. Por eso digo que la gente que hace el trámite en el sistema bancario paga lo que tiene que pagar y la gente que lo hace por fuera del sistema bancario defrauda a la administración fiscal.

¿Es una decisión “neoliberal”, como afirma el Gobierno?

No, de ninguna manera. El lograr que la gente pague lo que tiene que pagar es un principio esencial de la administración tributaria en cualquier país, de que se pague lo que se tiene que pagar, del principio de universalidad de los tributos. No es correcta esta distorsión que provoca que unos paguen más y otros menos, unos correctamente y otros irregularmente.

¿Cuál es la diferencia?, ¿cuánto más recibirá el municipio tras la equiparación?

Estamos hablando de unos 30 millones de bolivianos de diferencia, que si bien no es una cifra despreciable, tampoco es de vida o muerte para el gobierno municipal. Es lo que vamos a lograr regularizar en el transcurso del año. No es que de eso dependa el presupuesto  municipal, pero sí es empezar a trabajar con mucha seriedad en la conciencia  tributaria y en la legalidad de lo que cada quien tiene que pagar de acuerdo con lo que corresponde y  lo que es justo.

El Vicepresidente ha llamado  prácticamente a una rebelión ciudadana contra la decisión. ¿Qué opina al respecto?

Es irresponsable, es muy irresponsable. El Vicepresidente está respirando por la herida de la derrota del referendo en La Paz y está actuando de manera irresponsable. Los del Gobierno saben y hacen campaña todos los días para que la gente cumpla sus obligaciones tributarias, y convocar a la gente a que no lo haga es un razonamiento político absolutamente irresponsable con el país, no solamente con el municipio de La Paz, sino con el conjunto de la administración tributaria a nivel nacional. Es politiquería del más bajo nivel lo que está intentado hacer el Vicepresidente.

El Gobierno dice que la Alcaldía ha tomado una decisión inconsulta. ¿Es así?

Dijo que van a presentar un recurso legal en contra de esta modificación, cuando ha sido el propio Ministerio de Hacienda que hace tres meses nos ha enviado un informe diciéndonos que aprueba nuestra norma y nos pidió que después se la enviáramos. Es pura politiquería y pura irresponsabilidad de  parte de las autoridades nacionales. Tenemos un informe escrito donde en su parte conclusiva dice que una vez aprobadas las leyes, las remitamos al Ministerio de Hacienda para su conocimiento y que no ha encontrado ninguna ilegalidad en nuestros proyectos. Ahora se han aprobado, pero después de la pérdida del referendo en La Paz sale el ministro a decir que en realidad nuestra ley es observable legamente. Hace tres meses decía otra cosa. Pura politiquería.

Es una tristeza que venga del Ministro de Economía, de quien se supone que su palabra es bastante importante para la estabilidad económica y financiera del país.

Se dijo que esta decisión sólo va a afectar a los “nuevos ricos”. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quiénes realmente va a afectar?

Esta es una modificación que va a regularizar el pago de quienes hacen transferencias de bienes en el municipio de La Paz, y vuelvo a decir que pagan mal y que ahora tienen que pagar bien: cuando el licenciado Cortez ha dicho eso se estaba refiriendo a que puede haber gente que esté ganando mucho dinero por distintas razones hoy día y que no hace trámites en el sistema bancario, es gente que tiene su dinero en efectivo y que ahí es donde se produce este peligro de negociación entre comprador y vendedor para negociar montos menores a lo que realmente corresponde.

¿Qué reacción espera de los contribuyentes por esta decisión?

En primer lugar, quienes hacen trámites de transferencia de bienes en el transcurso del año no son más de 3.000 personas y buena parte de ellos lo hará a través del sistema bancario y el resto tendrá que pagar lo que tiene que pagar. No se ha producido ninguna modificación al impuesto a la propiedad de bienes, que es el impuesto más importante que tiene el gobierno municipal de La Paz. Ya se ha iniciado el cobro de ese impuesto y, como lo han verificado los medios de comunicación, la gente que ha ido a pagar ha comparado sus boletas del año pasado y la de este año, y no existe ninguna variación. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que se produzca ningún tipo de reacción ni de protesta, a no ser, vuelvo a decir, de estos casos concretos aislados de quienes defraudaban a la administración fiscal, de quien está pensando comprarse una casa pero en realidad hacer figurar como si valiera menos. Eso está fuera de lugar, eso es irregular e ilegal.

¿Podría revertir el Gobierno esta decisión?

No sé qué tipo de recursos presentarán, pero nosotros tenemos sus propios informes de respaldo para verificar que lo que hemos hecho está en el marco de la legalidad. En el fondo se trata de, una vez más,  una afrenta a las autonomías, una afrenta a  las posibilidades que tenemos como municipio de administrar nuestros propios recursos. Y todo por simples razones políticas.

¿Esta decisión tiene que ver de alguna manera con la reducción que ha tenido el municipio de La Paz en sus ingresos?

Sí, claro, en el sentido en que tenemos que buscar algunas fuentes de financiamiento adicionales que nos permitan no diré cubrir el hueco enorme que nos está produciendo la crisis y esta otra decisión del Gobierno de la ley de inversión a la actividad petrolera, donde le están restando recursos a los municipios y a las gobernaciones.

Tenemos que buscar alternativas para mínimamente paliar esas situaciones y obviamente esas alternativas  no solamente tienen que ver con el incremento de nuestros ingresos, en este caso de 30 millones de bolivianos, producto del impuesto a las transferencias, o, por ejemplo, el caso de las licencias de actividades económicas, que también tienen una distorsión enorme. Imagínense cómo es posible que una agencia bancaria le pague al gobierno municipal menos de 300 bolivianos al año siendo una actividad económica altamente lucrativa. El problema es que estos valores de la patentes de actividades económicas, incluso de los impuestos, en muchos casos están congelados desde hace mucho tiempo. En el municipio de La Paz, los impuestos a los inmuebles están congelados desde hace 15 años y ese será un tema que poco a poco hay que ir regularizando. Está claro que no se puede pretender subir los impuestos a los inmuebles o a los vehículos en un momento de crisis, no lo pensamos hacer y no lo vamos a hacer, pero sí hay otras actividades donde podemos generar mayores ingresos, por ejemplo en las licencias de actividades económicas. Estamos haciendo modificaciones para que las grandes actividades económicas de la ciudad, como  telecomunicaciones, bancarias,  paguen más por esta patente. Pagar 300 bolivianos es realmente una injusticia absoluta. La Alcaldía va a recibir 150 millones menos por efecto de la reducción del IDH.

¿Es la única vía para generar estos recursos suplementarios?

No es la única para paliar esta ausencia de recursos. Estamos haciendo consultas con organismos de cooperación, incluso con la banca comercial nacional, para poder acceder a créditos. No se olviden que La Paz es el municipio que tiene una salud financiera envidiable. Es el único municipio que coloca bonos en el mercado de valores, es el único que tiene calificación por parte de entidades internacionales y es de las más altas que existen en el país y en el continente. Eso quiere decir que tenemos una gran capacidad de endeudamiento. Hoy día el gobierno municipal de La Paz podría prestarse 100 millones de dólares y, con unos créditos que vamos a terminar de pagar en el transcurso de este año, podríamos fácilmente duplicar esa capacidad de endeudamiento, pero eso requiere de una serie de consultas con el sistema financiero y, lamentablemente, de gestiones con el Gobierno nacional porque nuestro régimen autonómico está en pañales y el Gobierno todavía  mantiene un control sobre la administración financiera de los niveles autonómicos.