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Política

Rodríguez Veltzé afirma que la presidencia de Áñez fue inconstitucional

El expresidente detalló similitudes y diferencias de las transiciones de 2005 y 2019, advirtió que el Procurador invade competencias del TSE y remarcó que hay temas más importantes que saber si hubo golpe o fraude.

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Foto-Archivo infodiez

La Paz, 9 de septiembre 2021

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé visitó este jueves los estudios de La Razón Radio en La Paz y en una extensa entrevista consideró que el mandato de Jeanine Áñez, que asumió la presidencia del país en medio de la crisis poselectoral de 2019, ha sido inconstitucional, pero de hecho, porque logró convivir con la Asamblea Legislativa hasta la realización de nuevas elecciones.

Usted en 2005 llegó al Gobierno siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia enmarcado en la Constitución y en ese contexto ¿cómo percibe que ocurrió el cambio de gobierno en 2019?

Hay algunas similitudes en las transiciones de 2005 y de 2019 que pueden contribuir a entender ciertos aspectos fundamentales. En 2005 se produjo la renuncia del presidente Carlos Mesa, pero no fue atendida inmediatamente por el Congreso; se recordará que surgieron dificultades en la ciudad de La Paz, hubo manifestaciones que impidieron que se reúna el Poder Legislativo.

El Poder Legislativo, como tenía un mandato constitucional de atender, aceptar o rechazar la renuncia y definir la sucesión, para reunirse tuvo que irse a Sucre, (donde también) se produjo varios destrozos e incidentes de protestas.

Las directivas camarales tuvieron que alojarse en un cuartel y en algún momento hubo una decisión política por unanimidad en las bancadas (para) asumir el desafío constitucional de preservar el mandato que le daba la Constitución al Congreso para conocer la renuncia, aceptar o rechazarla y definir la sucesión bajo el marco que definía la propia Constitución.

Y así lo hicieron, decidieron reunirse en la Casa de la Libertad, sesionaron, deliberaron, votaron y acordaron por unanimidad aceptar la renuncia del Presidente del Estado, aceptar la declinación a la sucesión del Presidente del Senado, de Diputados y, honrando a la Constitución, me llamaron a mí y me dijeron preséntense en la Corte para que lo recojan en 20 minutos y luego va a ser trasladado a la Casa de la Libertad porque ese es el mandato constitucional que corresponde.

A diferencia o tal vez similitud de 2019, (cuando hubo) un ambiente digamos de caos social, hubo protestas y hubo dificultades de mantener el orden social, el curso de las elecciones, conteos rápidos alterados, etc. Y es ahí donde, a mi juicio, surge una similitud y un rumbo distinto. La Asamblea Legislativa no tuvo capacidad de mantener un liderazgo para sesionar, conocer las renuncias presentadas y acordar una sucesión conforme al orden constitucional y obviamente ahí surgieron los incidentes que se conocen.

Aparentemente se precipitaron unas renuncias por violencia contra algunos líderes de las Cámaras, otros lo hicieron voluntariamente o (también) bajo presión, pero aun así no mantuvieron ese sentido de cuerpo colegiado que debía de todas maneras reunirse y en esas circunstancias se produjo un espacio (…) improvisado, que bajo el auspicio, incluso de alguna participación diplomática, precipitaron una interpretación equivocada de la sucesión, que es esta teoría de la sucesión ipso facto, en la cual yo no participé y apareció la señora Áñez, se autoproclamó primero como presidenta del Senado y luego como presidenta del Estado, (pero) sin quorum y sin que se cumpla esta condición esencial de que (…) el Legislativo es el que debió sesionar y definir la sucesión.

Posiblemente las condiciones no eran fáciles, pero a diferencia de 2005, esta Asamblea Legislativa no persistió (…) y no se dio la prerrogativa constitucional de conocer, admitir o rechazar la renuncia (de Evo Morales) y nombrar a su sucesor.

¿Entonces considera que fue inconstitucional la sucesión de 2019?

Claro, no estaba, no se produjo conforme al mandato de la Constitución, pero fue una presidencia de hecho y que también logró en su caso, en el correr de los días, la convivencia con la Asamblea Legislativa, que, a mi juicio, convivió con este poder instalado para garantizar la recuperación democrática vía elecciones y eso fue lo que sucedió.

Hubo un reconocimiento…

Por supuesto.

Precisamente esto es lo que ahora tiene que resolverse, si bien puede resultar un falso debate decir que hubo fraude o golpe de Estado, el sistema político necesita absolver todas estas narrativas para intentar un acuerdo posterior y así encaminar, por ejemplo, una reforma judicial…

No, yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra. Para mí, los acontecimientos de 2019 y el Gobierno digamos de transición ya es parte de hecho, de lo que se llaman hechos cumplidos. Hubo una presidencia autoinstalada, una convivencia con el Legislativo, la reconfiguración del (Órgano) Electoral y pues eso no tiene ya nada que ver con los buenos propósitos u obligaciones constitucionales de seguir avanzando; no creo que debamos quedar sujetos a lo que caprichosamente intentan decir que fue golpe, fue fraude, no, fue lo que fue; y si hay juicios, serán las autoridades judiciales las que resuelvan, pero no podemos hacer depender de la prevalencia de una u otra narrativa la secuencia de la administración del Estado. Yo encuentro que no debería ser un óbice, en absoluto.

Lo cual tampoco implica dejar todo sin que se resuelva judicialmente…

No, porque esos juicios van a generar responsabilidades que no tienen absolutamente nada que ver con la posibilidad de reconstituir un órgano del poder público y mejorarlo gradualmente en la reforma que se diseñe. Los juicios de responsabilidad o juicios ordinarios van a definir la responsabilidad de los actores de esos incidentes, responsabilidades que se calificarán conforme al ordenamiento penal y eventualmente surgirán las acciones posteriores de recuperación de daños, etc. Ese es el tema, hay una judicialización criminalizada, se está persiguiendo a ciudadanos que estuvieron involucrados por delitos, no hay un análisis de responsabilidad política; los jueces no definen la responsabilidad política, por eso yo insisto en que si alguna vez, en algún tiempo, se analiza cuál es el alcance de los juicios de responsabilidad, debería examinarse también la dimensión política de los actores, que no necesariamente es criminal.

Pero ahí el Gobierno está empeñado en demostrar que no hubo fraude. ¿Usted cree que hubo fraude?

Para mí, lo que debe regir en este análisis es el principio de preclusión electoral, que no significa otra cosa que hay ciertas actuaciones que una vez cumplidas cierran el análisis y la revisión de las actuaciones anteriores y simplemente se mira adelante. Entonces, las elecciones de 2019 se produjeron, los ciudadanos concurrieron en paz, cumplieron su obligación, elaboraron las actas en cada mesa, éstas se transmitieron y el descalabro se produjo básicamente a partir de las expresiones del Órgano Electoral.

El Órgano Electoral tuvo el desacierto de frenar un conteo rápido, un informe de la OEA (Organización de Estados Americanos) aparentemente se entregó más rápido de lo que se esperaba y hubo divergencias en su alcance, etc. Pero la verdad es que en determinado momento, el propio Ejecutivo determinó o planteó la realización de otra elección y el cambio de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y la verdad es que a los pocos meses se los cambió íntegramente y se convocó a nueva elección que se produjo y (ahora) hay un nuevo Gobierno. (Entonces) en términos amplios, a mi juicio, lo que pasó en la elección de 2019 ha sido objeto de este principio de preclusión y aquí terminemos y miremos el futuro. Yo no encuentro mucho sentido práctico volver sobre esos hechos que ya han sido superados y no tendrían ningún sentido porque al haberse realizado una nueva elección, esa es la que tiene validez constitucional (…) y los efectos de revisar una elección cumplida (…) no tiene a mi juicio ningún sentido práctico.

Pero el procurador Wilfredo Chávez se dio la tarea de revisar todas las actas de las elecciones de 2019. ¿Valdrá la pena?

La primera observación que me surge es el tema de la competencia. La Constitución en 2009 ha instalado cuatro órganos de poder, uno de ellos, el Electoral, cuyas competencias por la Constitución tienen relación con el ámbito electoral, (es decir) conducir, procesar los actos electorales y determinar sus resultados; no es una atribución del Procurador; yo francamente creo que hay un conflicto de competencias ahí (…) y además creo que lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral que el principio de preclusión sigue vigente, entonces francamente yo creo que está invadiendo un ámbito de competencia que le responde a otro órgano de poder que ya se ha pronunciado.

Pero el Procurador asegura que busca esclarecer de una vez, sin afectar la preclusión, si hubo o no fraude electoral y en otro caso si hubo golpe o no, porque son factores que en este momento generan divergencias serias en la opinión política…

Puede que en la mirada de los políticos (se diga si) se va a imponer el fraude o se va a imponer el golpe, (pero) este es un típico ejemplo de un debate falso, un debate improductivo. Hoy deberíamos estar debatiendo, por ejemplo, cuál es nuestra capacidad como Estado (para enfrentar la pandemia), deberíamos estar debatiendo el tema de la educación (…), las condiciones del mejoramiento de la renta pública (…) y cómo podemos encarar un nuevo tiempo en el ámbito de las relaciones exteriores (porque) todavía tenemos situaciones en nuestro relacionamiento internacional con graves deficiencias en designaciones diplomáticas, lineamientos de política exterior. Hay temas mucho más importantes que saber si fue golpe o fraude para la imaginación de la gente.  // La Razón

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