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Política

Rómulo Calvo, Cuellar, Vargas y Santistevan son imputados por el paro de 36 días en Santa Cruz

Imputación formal en contra de los promotores del violento paro de 36 días, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de “terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa, perturbaciones.

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Dirigentes cívicos cruceños
Foto-Excomite cívico de Santa Cruz

Santa Cruz, 19 de octubre 2023

El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar; el vicerrector Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, fueron imputados por la Fiscalía por el paro de 36 días que se realizó en Santa Cruz en 2022.

El Ministerio Público presentó la resolución de ampliación de imputación formal en contra de los promotores del violento paro de 36 días, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de “terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa, perturbaciones”, entre otros, según el documento legal.

El proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta.

En este caso, también es investigado el encarcelado gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien guarda una detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I.

Paro cívico de 36 días

Entre octubre y noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en Santa Cruz, la medida extrema estuvo caracterizada por la violencia generada por grupos radicales afines a los cívicos.

En los puntos de bloqueo provocaron cientos de casos de extorsión a los conductores y al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes estuvieron a favor y contra de la medida que exigía censo en 2023.

Los bloqueadores impidieron la circulación de ambulancias con pacientes, de carros fúnebres, de vehículos bomberos, de personal médico, incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban a 13 reos.

Además, generó más de $us 1.200 millones en pérdidas en el sector privado y alrededor de Bs 300 millones en el sector estatal.

La protesta exigía -sin ningún argumento técnico- la realización del censo en 2023. Sin embargo, al final, los dirigentes de la protesta aceptaron la propuesta del Gobierno nacional de que un estudio técnico defina la fecha del censo, fijada para el 23 marzo de 2024.

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