Sociedad civil exigen nuevos compromisos para enfrentar la crisis climática

(Infodiez-16/10/20)

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil exigen al actual y al próximo gobierno que se inicie un proceso de construcción participativa y transparente de nuevas atrbuciones de Bolivia frente al cambio climático de manera que sean el reflejo de un nuevo modelo energético y productivo que, al mismo tiempo, promueva la justicia social económica y el equilibrio con la Madre Tierra.

“El Estado debe asumir políticas de protección de derechos individuales y colectivos, de conservación efectiva de ecosistemas y la promoción de alternativas locales y con administración local recuperando los conocimientos y reconociendo el legado ancestral de las culturas de la región andina, oriente, chaco y Amazonía de Bolivia”, se lee en el documento emitido hoy por organizaciones y activistas ambientales y de derechos humanos.

Estas organizaciones están preocupadas porque los compromisos de Bolivia, plasmados en las Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), no se enmarcan en la necesidad de reducir los gases contaminantes que contribuyen al cambio climático.

Las NDCs son compromisos que los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) han aportado voluntariamente, tras la firma del Acuerdo de París, con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Estos compromisos deben ser planteados de manera participativa, acorde a las realidades nacionales, y se deben centrar en acciones de mitigación, además de incluir compromisos en adaptación, financiamiento, desarrollo de capacidades e innovación tecnológica.

Los NDCs de Bolivia se enmarcan en la política nacional guiada bajo la consigna de “Convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica”, además de ser inviable, está vinculada al poder de las grandes transnacionales, la construcción de megarepresas en la Amazonía y el impulso de la producción de etanol y biodiesel, vinculada a la ampliación de la frontera agrícola, la destrucción de bosques y su biodiversidad, para el impulso de monocultivos de caña, soya y sorgo, que son falsas soluciones al cambio climático.

La apertura del mercado chino para la exportación de carne y la política agropecuaria del país, brinda desproporcionados beneficios y subvenciones estatales, a la agroindustria vinculada a capitales extranjeros, que es responsable de la mayor parte de la deforestación, del acaparamiento de tierras y del desplazamiento de comunidades locales e indígenas. El sector agropecuario es el principal responsable de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país por el cambio de uso del suelo.

Los compromisos realizados por Bolivia ponen en riesgo la vitalidad de los ecosistemas en todo el territorio nacional, aumentarán las emisiones nacionales, generarán más injusticias económicas y sociales e incrementarán la vulnerabilidad de las comunidades locales que ya enfrentan los impactos directos de estas actividades.

De seguir en este camino desenfrenado, guiado por un modo de desarrollo capitalista con base en el extractivismo, diseñado para proteger y promover las actividades contaminantes y la acumulación de ganancias de corporaciones transnacionales y de élites nacionales oligárquicas, no solo aumentarán las emisiones de GEI, sino que incrementarán las desigualdades económicas y sociales, degradando los medios de vida, y  dejándonos más vulnerables y desprotegidos ante los, cada vez más frecuentes, intensos e impredecibles impactos climáticos.