Un fiscal 4 policías y una vocal del Tribual de justicia trabajaba con el abogado Jhasmani 

“Estamos en una situación muy grave”, decía este viernes el Viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, que además de ratificar que Jhasmani Torrico, liderada una organización criminal de jueces, abogados y fiscales, el abogado apodado como el ‘aboganster’ no solo torturaba, secuestraba e intimidaba a litigantes, sino dirigía y manipulaba los procesos desde sus estudio jurídico en Cochabamba, Leclere & Asociados.

El abogado se dio a conocer ante la opinión pública tras la difusión de dos videos en las redes sociales. En las imágenes se lo observa a él y otros de sus cómplices torturar a personas que tenían deudas económicas con sus clientes. Con voz alta y fuerte les decía: ¡Vas a pagar o te mueres!

“Estamos ante una organización criminal que tiene antecedentes  de actuar bajo el matonaje, secuestros exprés a victimas humildes y litigantes, para poder hacer cobros de deudas y extorsionar, actúa en una lógica de mafia (…). Incluso el señor Jhasmani Torrico en acta formal refiero de que grave sería que si se llevan su CPU, porque podía temblar el Órgano Judicial y la Fiscalía. Pues resulta que de la revisión de la actuales actos investigados, se evidenció que desde su oficina el señor Jhasmani Torrico, dirigía procesos judiciales”, dijo Jiménez en conferencia de prensa.

La actuación de autoridades del Ministerio de Justicia y Transparencia, y el mismo Ministerio de Gobierno no se dejó esperar para de inmediato  trasladar al jurista  de la cárcel de El Abra (Cochabamba) donde gozaba de ciertos privilegios, hasta la de máxima seguridad que está ubicada en el altiplano de La Paz, Chonchocoro.

Hoy por la tarde, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la organización criminal que maneja Jhasmani estaba conformada por cuatro policías, un fiscal y una vocal del Tribunal Departamental de Justicia y su esposo. Siete personas que trabajaban para el jurista.

¿Qué hacían los cómplices de Jhasmani?

Según el Viceministro de Transparencia cumplían distintas misiones. Anabela Torrez, la vocal del Tribunal Departamental de Justicia, recibia resoluciones ya hechas por Torrico para dar el visto bueno y asi conseguir la libertad de sus clientes.

Dos casos fueron los emblemáticos, dijo Diego Jimenez, el caso de las hermanas Adriázola, una de ella campeona de Tae Kwon Do, que fueron asesinadas en 2015. Los presuntos autores de los hechos fueron condenados, pero la Sala de la vocal Torrez, en apelación, anuló la sentencia.

“Nadie entendió por qué.  Ahora sabemos que Jhasmani era el abogado de los imputados”, subrayó. En el cometido de los delitos a la abogada la ayudaba su esposo Juan Cliver Torrico Quinteros, ambos están aprehendidos.

El segundo caso explicó el Viceministro es el de un teniente de apellido Ledesma,  acusado de feminicidio y con detención preventiva, pero fue liberado tras una audiencia de apelación, gracias a la colusión de Torrico y Torrez.