Vecinos exigen cierre de los mercados de la coca de Villa Fátima y Villa El Carmen

La Paz, 10 de agosto 2022

Vecinos del Distrito 13 de La Paz realizaron una marcha pacífica este miércoles en inmediaciones de la Plaza del Maestro, en la zona de Villa Fátima, donde pidieron el cese del conflicto entre cocaleros así como los enfrentamientos con la Policía.

También exigieron el cierre definitivo de los mercados de la coca para evitar más daños en la infraestructura de sus viviendas, que fueron afectados por las explosiones de agentes químicos y cachorros de dinamita.

El perjuicio ocasionado por las protestas de los cocaleros ha ocasionado el cierre de las unidades educativas que se encuentran en la zona, privando a niños y jóvenes de pasar clases de forma normal.

“Se ha pedido desde el año pasado que de una vez las autoridades pongan solución a los conflictos. Uno de los mercados está al lado de un hospital, el otro está al lado de un colegio prestigioso. Mientras exista la apertura de estos mercados, y exista la venta de la coca, la zona está siendo perjudicada, y estos problemas van a ser de por vida”, manifestó uno de los pobladores a un medio televisivo.

Otra de las vecinas informó que dos colegios, uno en Villa El Carmen y el otro en Villa La Merced, cerraron sus puertas por temor a la inseguridad y a poner en riesgo la integridad de estudiantes y plantel docente.

“Nuestros hijos no están pasando clases, el colegio Irene Nava del Castillo se ha cerrado, en vano hemos vuelto de las vacaciones de invierno, estamos ahora parados. El colegio de La Merced está cerrado, los negocios están cerrados”, señaló la mujer a tiempo de expresar que estas disputas deberían ser solucionadas en sus respectivas regiones.

Este miércoles se cumplió el séptimo día de protestas sin solución entre grupos de cocaleros liderados por Freddy Machicado y Arnold Alanes, quienes defienden la comercialización de la hoja de coca en sus respectivos mercados, tanto en Villa Fátima como en Villa La Merced.

El sector que lidera Alanes alega que el funcionamiento del mercado es legal y que sus afiliados tienen derecho al trabajo.  //La Razón