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Política

Viceministerio denunciará ante la Fiscalía para que investigue daño económico a los medios estatales en el régimen de facto

“Lo que corresponde es formalizar la denuncia (ante la Fiscalía) porque existe una afectación al Estado por el uso de las instalaciones de Bolivia Tv en Cochabamba donde hemos encontrado escudos y letreros de la Resistencia Juvenil Cochala”.

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Foto-Archivo infodiez

La Paz, 4 de noviembre 2021

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón Merubia, informó este jueves que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público para que investigue el desmantelamiento y los daños ocasionados a los equipos de los medios de comunicación del Estado y la asignación irregular de ítems durante el régimen de facto, cuyos daños ascienden a Bs 8,9 millones.

“Lo que corresponde es formalizar la denuncia (ante la Fiscalía) porque existe una afectación al Estado por el uso de las instalaciones de Bolivia Tv en Cochabamba donde hemos encontrado escudos y letreros de la Resistencia Juvenil Cochala”, indicó la autoridad.

Manifestó que el Ministerio Público debe identificar a los responsables de ocasionar daños a los equipos e instalaciones y sancionar a quienes fungían como responsables de custodiar los bienes del Estado, tal como mandan las normas internas.

Alcón especificó que la acción vandálica ocasionó que, por ejemplo, el canal del Estado y radio Patria Nueva interrumpan sus emisiones durante varios días, lo que representó un daño económico porque se incumplieron con los contratos comerciales y otros.

Asimismo, se privó a los oyentes a recibir una información adecuada de parte de los medios del Estado que en ese entonces estaba conformado por radio Patria Nueva, Bolivia Tv y Sistema Nacional de las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs), cuyos equipos fueron desmantelados e instalaciones sufrieron daños.

“Se afectó el derecho a la información, nos han dejado sin medios de comunicación del Estado. En el caso de las Radios de los Pueblos Originarios que llegan a las zonas más alejadas en nuestras comunidades se han bajado en un 80%, han desmantelado, se han quemado, no habido un adecuado mantenimiento de equipos”, aseveró.

El manejo irregular de medios estatales durante el régimen de facto afectó el derecho a la información de 5.762.616 personas durante la pandemia del COVID-19 y un daño económico al Estado de Bs 8.965.988, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

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