Informes de Inteligencia confirman que no existe las condiciones para el traslado de Camacho a Santa Cruz

La Paz, 11 de marzo 2024

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo este lunes que los informes de la Policía Departamental de Santa Cruz y de la cárcel de Palmasola, confirman la inexistencia de condiciones para el traslado de Luis Fernando Camacho a esa ciudad para la instalación del juicio del caso “decretazo”.

“Esos informes que dicen que ‘no hay condiciones’ para realizar el traslado del aeropuerto de Viru Viru al Centro Penitenciario de Palmasola, y a los juzgados (…), están justificando por qué no se está trasladando al privado de libertad Luis Fernando Camacho”, informó Limpias en conferencia de prensa.

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz ordenó el traslado de Camacho para que asista este 11 de marzo, por la tarde, al inicio del juicio presencial del denominado “caso decretazo”.

Informes del Comando Departamental de la Policía, sobre las condiciones para un posible traslado del excívico Camacho del aeropuerto de Viru Viru, a la cárcel de Palmasola y al Juzgado, refieren la dificultad por la distancia entre estos.

Asimismo, el informe del recinto penitenciario de Palmasola indica que se generaría malestar en los reclusos y en sus familiares, porque la población privada de libertad declaró a Camacho “persona no grata”.

Limpias explicó que la Dirección de San Pedro de Chonchocoro envió estos informes documentados, el pasado viernes, al Tribunal Octavo.

Además, este lunes se remitió otro informe adicional sobre las condiciones con las que se cuenta en el penal de Viacha para una posible audiencia virtual.

Limpias remarcó que, si bien hay una orden judicial, el director de la cárcel de Chonchocoro también tiene la responsabilidad de precautelar la integridad física y la vida de las personas, recordó los hechos violentos que se suscitaron el pasado 28 de diciembre de 2022, cuando Camacho fue aprehendido.

En las últimas horas, el Viceministerio de Transparencia develó que este proceso tendría “deficiencias procesales” que impiden que el juicio pueda avanzar hasta que no se realice un “saneamiento” que permita corregir los actuados pendientes.