Fiscalía acusa al gobernador Costas por tres delitos

El gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, junto a otras cuatro personas, fue acusado formalmente por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica debido a irregularidades en la compra de 40 camionetas en 2007, informó el Fiscal Departamental, Gomer Pandilla.

«La acusación está firmada por la comisión de fiscales encabezada por Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Yván Ortiz Tristán e Iván Quintanilla Calvimontes de la Fiscalía Departamental en el marco de la investigación del caso 40 camionetas”, explicó, según un boletín institucional.

El secretario de Gobierno del gobierno departamental, Vladimir Peña, cuestionó el proceso contra Costas y aseguró que tiene fines políticos de inhabilitar una eventual candidatura de la autoridad. «Estamos pensando acudir a instancias internacionales e ir ante la # OEA a denunciar estos abusos en contra de @ RubenCostasA», afirmó en su cuenta de Twitter

Además del gobernador, están acusados los entonces funcionarios Roly Aguilera y José Luis Parada por malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, mientras que sobre Miriam Cecilia Limpias Torres y Fernando Soria Galvarro Bort pesan los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad ideológica.

De acuerdo con la investigación que data de 2006, en el Plan Operativo Anual (POA) para la gestión 2007 se programó la compra de dos camionetas, una vagoneta y veinte motos con la partida presupuestaria Nº 43300, bajo el financiamiento de recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

Según la denuncia, Costas dejó sin efecto esa compra y procedió a la adquisición de 40 camionetas doble cabina por Bs 6.030.320 con la partida que estaba destinada para el Programa de Seguridad Ciudadana de la entonces Prefectura del Departamento.

«En la investigación, también se pudo establecer que no se contempló la compra de vehículos que tenían como finalidad atender emergencias y desastres en la ciudad, ya que no podían ejecutar esos recursos que no estaban contemplados en su presupuesto y en su POA, vulnerando el uso correcto de los recursos estatales”, manifestó, entre tanto, el fiscal Osvaldo Dante.

Después de haber ejecutado el dinero que estaba destinado a la partida de Seguridad Ciudadana, en algo que no estaba contemplado en el POA 2007, se trató de justificar la compra en el Decreto Supremo Nº 29013 de 18 de enero de 2007, que declaraba emergencia nacional por los desastres naturales ocasionados por el fenómeno del Niño.

La compra de las camionetas para la entonces Ex – Prefectura del Departamento de Santa Cruz, afectó la partida presupuestaria 43300, de «Equipo de Transporte y Tracción» con recursos del IDH; al margen de lo establecido en el Decreto Supremo N° 28421 (que crea el destino de fondos IDH para seguridad ciudadana), Ley N° 3058 Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999 y Decreto Supremo No. 27327 de 31 de enero de 2004, según la denuncia.

Se estableció, además, que los vehículos fueron transferidos a unidades de la entonces Prefectura sin relación con el tema de seguridad ciudadana ni con atención de desastres, se denunció.