Gobierno advierte que no quedará en la impunidad el juez boliviano que falló en contra del país en el Tribunal Andino

La Paz, 28 de julio 2023

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que no se dejará en impunidad al juez boliviano del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), quien avaló el fallo que obligaría a Bolivia proveer de combustible subvencionado a transportistas extranjeros que entren a territorio nacional.

El Ministro evitó dar el nombre del juez, pero se trata de Gustavo García Brito, quien fue elegido como magistrado de dicho Tribunal durante el Gobierno de Jeanine Añez.

Lima recordó que el juez ya está procesado penalmente en Bolivia, por presuntas irregularidades en su nombramiento, y ahora le reprochó el fallo emitido en contra del Estado Plurinacional.

“Ese juez que ha fallado contra su país sin ningún argumento, sin ningún fundamento y que está siendo procesado penalmente actualmente ante la Fiscalía de la Paz es la clase de profesional que ha escogido Añez para representar al país. Yo voy a continuar con las acciones penales contra este juez”, afirmó Lima.

Señaló que, más allá de que se prevé representar la decisión del Tribunal mediante la Cancillería, se seguirán las acciones contra el juez.

“La actitud de este juez, y la manera que ha llegado al cargo y la manera que ha actuado contra su país, no va a quedar en la impunidad. Definitivamente nosotros consideramos que las acciones penales que están actualmente en curso van a tener que continuar, porque queda claro que esta persona ha sido como muchos de los elegidos por la gobernante de facto: una persona que no tiene conciencia y que ha decidido actuar en contra de su país”, agregó.

Aclaró también que el juez ha presentado su renuncia al Tribunal Andino de Justicia, aunque no brindó mayores detalles al respecto.

El caso en La Paz 

En el proceso penal que se desarrolla en La Paz a denuncia de la Cancillería, el juez García Brito está denunciado junto a la excanciller Karen Longaric.

El argumento del caso consiste en que se habría gestionado el nombramiento del magistrado a través de un funcionario que no tenía calidad de embajador plenipotenciario.

En una denuncia que presentó ante la CIDH en abril, Longaric negó que haya irregularidades, puesto que el funcionario que gestionó la designación del juez era un Encargado de Negocios y no así un embajador. Aclaró que no se requería la acreditación de un funcionario de ese rango para la elección de magistrado del Tribunal Andino.