Cinco personas se declaran culpables por quema de la Fiscalía cruceña y se investiga a otros 15 acusados

Santa Cruz, 29 de diciembre 2023

Cinco personas admitieron su responsabilidad en la quema del edificio de la Fiscalía de Santa Cruz el 28 de diciembre de 2022, durante las protestas por la aprehensión del excívico Luis Fernando Camacho, y se someterán a un procedimiento o juicio abreviado, informó el fiscal departamental Roger Mariaca.

“Cuando sucedieron los hechos el Ministerio Público realizó las investigaciones para dar con los responsables de la destrucción y quema del edificio de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Cinco personas asumieron la responsabilidad de los delitos y solicitaron acogerse al procedimiento abreviado y otras 15 continuaron sus procesos investigativos”, explicó.

Luego de la aprehensión de Camacho, el 28 de diciembre de 2023, protestas violentas tomaron las calles de Santa Cruz. Cientos de personas tomaron la pista del aeropuerto internacional de Viru Viru, impidiendo los vuelos nacionales e internacionales, mientras en la noche se atacó el edificio de la Fiscalía.

Además, los movilizados intentaron sin éxito tomar las dependencias del Comando Departamental de la Policía, lo que llevó a enfrentamientos con petardos y gases lacrimógeno.

La pérdida económica por la quema de la infraestructura y mobiliario de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz ascendió a Bs 37 millones.

Con la quema del edificio se perdieron equipos de trabajo, mobiliario, la Cámara Gesell más moderna del departamento, vehículos y otros.

Mariaca informó que el moderno Ecosistema Justicia Libre JL permitió recuperar más del 90% de los documentos de investigaciones que se tenían en físico en el edifico quemado.

Camacho cumplió un año de detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, ubicada en el municipio de Viacha, por el caso Golpe de Estado I, o los hechos que derivaron en la dimisión forzada de Evo Morales en noviembre de 2019.

El 26 de diciembre, la Comisión de Fiscales presentó la acusación formal en contra de Camacho y otras siete personas, por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros, por los conflictos suscitados en octubre y noviembre de 2019, que derivaron en la ruptura del orden constitucional y la dimisión de Evo Morales.