Sociedad
Defensoría rompió récord histórico en atención de denuncias en defensa de la Madre Tierra
De las audiencias se generaron 11 planes de acción y estas fueron plasmadas en las agendas de derechos humanos departamentales, mismas que están incluidas en una agenda nacional a validarse en los siguientes meses.
La Paz, 30 de diciembre de 2023
Más de 20 mil casos registrados marcaron récord histórico de atención de denuncias de derechos humanos en 25 años de existencia de la Defensoría del Pueblo, siendo esta, señal que la población está volviendo a confiar en la institución, así lo afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a tiempo de hacer el balance de su primera gestión.
“Hemos alcanzado una cifra récord de casos registrados, 20.503 casos hasta hoy; nunca se había registrado (la cantidad de) casos así en la historia de la Defensoría, antes solo llegaban a 15 mil y 16 mil. Esta cantidad, de 20.503 casos es parte de la recuperación de la confianza a la Defensoría del Pueblo”, dijo el Defensor.
Bajo esa premisa, Callisaya explicó que en septiembre de 2022 se encontró una institución alejada de la población, con descrédito y con desconfianza del pueblo, por lo cual, en primera instancia se desarrollaron audiencias públicas por departamentos con las diferentes poblaciones como las personas con discapacidad, personas adultas mayores, LGBTQI+, mujeres, niñas, niños y adolescentes, además de personas en situación de movilidad.
De las audiencias se generaron 11 planes de acción y estas fueron plasmadas en las agendas de derechos humanos departamentales, mismas que están incluidas en una agenda nacional a validarse en los siguientes meses.
“Con mucha claridad podemos decir a la población boliviana que en estos momentos no tenemos una agenda política partidaria, tenemos una agenda de derechos humanos”, enfatizó Callisaya.
En esa línea y con miras a ampliar la cobertura de servicio y atender la situación de movilidad humana, el Defensor informó que, a las 18 oficinas defensoriales existentes, se sumaron tres nuevas agencias en Pisiga, Villazón y Bermejo, mismas que junto a las oficinas de Cobija, Desaguadero y Puerto Suárez se creó la red de atención de denuncias en zonas de frontera.
En cuanto a la institución, el Defensor informó que se encontró con una estructura activista, sin planificación, por lo cual se desarrolló un diagnóstico con un ente internacional, mismo que arrojó resultados preocupantes como una institución con un modelo que no responde a la realidad actual, con inadecuado presupuesto y personal insuficiente que fue incorporado «por criterios no meritocráticos».
Se detectó mínima cooperación internacional en Derechos Humanos, además de una deficiente gestión de los sistemas informaticos (registro de casos) que todavía tiene la defensoría y trabaja en la tecnificación.
En el ámbito judicial, el Defensor del Pueblo, afirmó que la canalización de las demandas de la población frente al Estado, es su rol fundamental, pero en el proceso de varios casos, se prioriza generar espacios de resolución de conflictividad, a través del diálogo.
Callisaya destacó que, como parte de una estrategia para incidir en las políticas públicas, la Defensoría del Pueblo, impulsó la creación del Observatorio Defensorial Judicial, que junto al Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado, mediante el cual se conformaron comisiones departamentales para ver casos concretos para evitar retardación de justicia en procesos referente a delitos como violencia sexual, feminicidios, infanticidios, entre otros.
“No podemos tolerar que la gente este rogando por tener una decisión oportuna rápida y celerada en casos que son puestos a consideración de la justicia”, remarcó.
Finalmente, como desafíos para el 2024, Callisaya informó que se tiene diseñado un Plan Estratégico con líneas prioritarias como los derechos de la Madre Tierra, ya que la vulneración de los mismos tiene impacto directo.
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