Exministro Murillo y a su colaborador deben a indemnizar a Bolivia con $us 6,2 millones

La Paz, 10 de abril 2024

La jueza de Estados Unidos, Lisa Walsh, condenó en un proceso civil al exministro Arturo Murillo y su excolaborador Sergio Méndez a indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 por el daño causado debido a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).

“La PGE y el Consocio Jurídico contratado en los EEUU Greenberg Trauring PA obtuvo en la vía de la reparación Civil dos Sentencias emitidas por la Justicia de Miami Florida (Juez Lisa Walsh) (…) como reparación de daños de forma mancomunada y solidaria al pago total de $us 6.287.525,42 que devengara un interés anual de 9,09%”, informó la Procuraduría en un comunicado.

El exministro de Jeanine Áñez y su exjefe de gabinete Méndez fueron detenidos el 21 de mayo de 2021 en EEUU por la denuncia de lavado de dinero vinculado al sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. Ambos, junto a otros de sus cómplices, fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos para la firma de contratos con el Estado Boliviano.

Murillo deberá cumplir una condena penal hasta el 11 de febrero de 2026, mientras Méndez fue deportado a Bolivia el 3 de abril. Ni bien pisó suelo boliviano en el aeropuerto de Viru Viru fue detenido y trasladado a La Paz, donde un juez lo envió a la cárcel con detención preventiva, en el marco de la denuncia que pesa en su contra por corrupción

Con las recientes sentencias en Estados Unidos, Murillo y Méndez deben pagar no sólo por el daño económico, sino también por los costos legales del proceso.

“La Procuraduría también gestionará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática, se autorice por parte del Departamento de Estado de los EEUU la devolución de los dineros confiscados al momento de las aprehensiones realizadas”, adelantó la institución.

Según las investigaciones en Bolivia, Murillo compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor, a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS).

El gobierno de facto de Áñez desembolsó $us 5,6 millones para pagar por el lote de materiales no letales. Alrededor de $us 2,3 millones representan el sobreprecio.