Gobierno denuncia que García Brito renunció a su cargo en junio 2023 pero en julio emitió su voto contrario a los intereses de Bolivia

La Paz, 31 de julio de 2023

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne confirmó que el país continuará con el proceso contra Gustavo García Brito por usurpación de funciones como magistrado de Bolivia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA); paralelamente, entidades con competencia, entre ellas la Procuraduría General del Estado analizan una respuesta oficial ante el fallo emitido contra Bolivia a demanda de Perú para que se venda hidrocarburos con precio subvencionado a transportistas de ese país.

“En el caso concreto que tenemos entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia, presentado el año 2020, no se logró un acuerdo entre los magistrados, por lo que se convocó a un magistrado que dirima el caso y el día 17 de julio de este año en una sesión en el tribunal andino se acogió la demanda peruana”, explicó.

La demanda presentada por el Perú recibió el apoyo de García Brito a nombre de Bolivia y del dirimidor colombiano, lo que desembocó en una sentencia contra el país.

Al respecto, el titular de Justicia informó que “la sentencia en este caso está siendo analizada por la Procuraduría General del Estado y de la institucionalidad pública” dijo y señaló que esa sentencia, conforme al alcance del estatuto, podría ser objeto de un recurso de aclaración en un plazo de 15 días, y adicionalmente, en 90 días también se podría plantear otro recurso que permita modificar la determinación.

“Lo que no puede darse es una decisión por fuera del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al cual, reitero, respetamos y asumimos que en el marco de un debido proceso siempre impugnaremos o cuestionaremos las decisiones por el mejor interés del pueblo boliviano”, subrayó y remarcó que la posición como Gobierno nacional en la temática es de respeto a las determinaciones que pueda asumir el tribunal “siempre y cuando estas estén en el marco de un debido proceso”.

Respecto a la situación de García Brito recordó que el mismo, fue propuesto por Karen Longaric, situación que fue objetada por la Cancillería por el delito de usurpación de funciones durante el tiempo en el que él asume el cargo hasta la fecha de su renuncia, que fue presentada luego de que se hizo conocer el proceso en su contra.

Al respecto, el Ministro develó que García Brito renunció a su cargo en junio de este año y pese a esa situación, en julio emitió su voto contrario a los intereses nacionales en el proceso presentado por el Perú.

“Mostró una situación de conflicto, una situación de ataque al gobierno de Bolivia y una manifiesta enemistad con las políticas públicas que tiene el gobierno del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Esta situación, la renuncia en junio y la decisión en julio, muestra ya un conflicto de interés evidente”, explicó la autoridad.

Lima resaltó que en la carta de renuncia presentada en junio, se señala expresamente que hay un proceso penal iniciado y manifiesta, entre otros extremos, que él como defensor del acuerdo subregional andino, presentaba su renuncia a raíz del proceso penal.

“No lo reconocemos como magistrado, sino más bien cuestionamos la forma en la que fue designado, generando una situación de conflicto, y el estatuto del tribunal señala expresamente que él tuvo que hacer una declaración de esta situación de conflicto y no haber emitido su voto el 17 de julio; les reitero, existía un proceso penal, pero además de la existencia de ese proceso penal, él había renunciado ya al cargo”.

De acuerdo con el artículo 10 del estatuto del tribunal, García Brito puede ser llevado ante los tribunales de justicia de Bolivia.

La autoridad denotó que no se trata de un tema menor, ya que una persona designada irregularmente y denunciada penalmente por usurpación de funciones; sin haber notificado conflicto de intereses ante los miembros del tribunal, emitió un voto contrario al país, pese a haber renunciado a raíz de la denuncia.

“Que no se tenga en cuenta todos estos elementos de un debido proceso, nos obligan a tomar las medidas de defensa y salvaguarda del pueblo boliviano ante el tribunal”, sostuvo.

En relación a la usurpación de funciones, Lima hizo notar que García Brito fue designado por Karen Longaric durante un gobierno de facto, sin que tenga las características de designación por un plenipotenciario.

“Hay un origen en su mandato que está siendo cuestionado y que está siendo actualmente objeto de procesamiento penal”, finalizó.