La Argentina del shock, otra vez

El Mundo / Argentina 24 de diciembre 2023

Dos semanas atrás, Javier Milei fue posesionado como presidente en Argentina. En el corto tiempo transcurrido desde entonces muchas cosas ya no son lo que fueron en el país vecino. Prácticamente, todo un sentido común epocal parece haberse desvanecido, de la mano con el kirchnerismo. Así las cosas, bien cabe preguntarse qué tan novedoso, o no, es lo que el actual primer mandatario le está planteando a la sociedad de su país.

“No hay plata”, fue la frase que resonó en el primer discurso de Milei como presidente en ejercicio. El cuadro que pintó fue dramático. En Bolivia, casi inevitablemente evocaba otra sentencia histórica, “Bolivia se nos muere”, pronunciada por Víctor Paz Estenssoro en 1985. Con casi cuatro décadas de distancia, ambos discursos preludiaron medidas de shock económico. Hoy Argentina recorre ese sendero traumático, otra vez.

Para una mayor comprensión de lo que viene ocurriendo y para poder aquilatar la dimensión de las medidas que están en marcha conversamos con dos renombrados economistas bolivianos: Alberto Bonadona y Armando Ortuño. Ambos cuentan con grandes trayectorias profesionales en el ámbito académico, privado, en la función pública y en el trabajo con organismos internacionales.

Cambios. Bonadona comienza señalando que las medidas del nuevo gobierno en Argentina “son políticas de shock que buscan modificaciones radicales en las variables económicas a partir de una liberalización del mercado. Se busca, por lo tanto, que la producción y el empleo aumenten de manera paulatina a partir de permitir que las fuerzas del mercado actúen sin restricciones. En los años anteriores se han ejecutado políticas que regularon los precios desde los alquileres hasta los múltiples tipos de cambio, desde las formas de otorgar los beneficios laborales hasta las tasas de interés. Existían medidas que regularon tanto la economía real (aquella que produce y vende bienes y servicios) como la economía monetaria y financiera (aquella que coloca dinero en la banca, las entidades financieras y en las manos del público) y que, a partir del ‘decretazo’ de Milei, se eliminan”. Prosigue aseverando que “las medidas anunciadas expresan de manera concreta las promesas electorales del presidente Milei. Forman parte de un decreto de urgencia que se expresa en 366 decretos derogados que impedían el libre juego de la oferta de la demanda tanto para empresas públicas como para privadas. Más aún, en el caso de las empresas públicas impulsa su privatización”.

Por su parte, Ortuño sostiene que las medidas de Milei “entran perfectamente dentro de la receta de ajuste macroeconómico, de shock y liberalización, con desregulación de la economía. El primer grupo de medidas son tan claramente relacionadas con el intento estabilizar la economía, de reducir la alta inflación, fundamentalmente, y resolver algunos de los desequilibrios fiscales y monetarios del Estado argentino. Y eso implica un ajuste fiscal, monetario y macroeconómico. El segundo paquete también es bastante clásico. Consiste en desregular el mercado del trabajo en ciertos aspectos, ciertas dimensiones del funcionamiento de la economía, temas bancarios, temas de gestión de tierra, de alquileres, etcétera. Es una desregulación clásica. Habrá que ver la profundidad de algunos de los temas. Es muy heterogéneo lo que ha hecho Milei, en algunos puntos va más lejos, en otros menos, pero es clásicamente un proceso de desregulación y liberalización de ciertos sectores de la economía. Pienso que llega hasta ahí y ya es bastante grande esa agenda”

“Diría que es una agenda bastante clásica, de los años 1980 y 1990 latinoamericanos. En el caso de Bolivia, uno lo puede comparar con el 21060, además de todas las implicaciones que tuvo ese decreto, también con el tema de las modificaciones a la Ley del Trabajo y otras normativas que liberalizaron el comercio exterior y ciertos aspectos del funcionamiento de la economía. Entonces, se parece mucho a ese esquema de las dos últimas décadas del Siglo XX. En eso creo que no hay mucha novedad y uno no puede hablar de una nueva revolución libertaria o liberal. Es básicamente la vieja receta del ajuste de la década de 1980”, añade Ortuño.

Impactos. Ahora bien, una cosa es hablar de medidas de shock económico y otra historia es padecerlas. Sin ninguna duda, habrá consecuencias y costos sociales.

“En lo inmediato, los precios subirán de manera descontrolada. El tipo de cambio paralelo mostrará una elevada volatilidad, o sea, con subidas y bajadas hasta que en un plazo de pocos meses llegue a un precio relativamente estable. El desempleo por el cierre de instituciones públicas también aumentará y la pobreza alcanzará a un porcentaje superior a la mitad de la población argentina. En un corto plazo, digamos, de uno a dos años, los precios se estabilizarán, y es posible que la producción se recupere en la medida que las empresas argentinas alcancen una competitividad que enfrente a la liberalización de los mercados externos. Costará, sin embargo, mucho esfuerzo y tiempo reducir la pobreza con las medidas fundamentalmente de liberalización asumidas hasta hoy”, afirma Bonadona.

Prosigue y advierte que “el efecto más serio que preveo es la congestión social que las medidas asumidas conllevarán. Los efectos en los mercados pueden ser de existir productos en los estantes, pero, no tener la contraparte de ingresos que permitan el consumo deseado por la población. El rechazo social puede llegar a ser muy grande, lo que convulsionará a esa sociedad. La represión puede crecer en una mayor magnitud y el gobierno puede llegar a un autoritarismo que acuda a mayores formas de represión”.

En criterio de Ortuño, “este tipo de políticas a veces tienen éxito, a veces de corto plazo, pero tienen también muchos problemas de sostenibilidad de largo plazo. A veces son capaces de estabilizar la economía, pero luego no son capaces de generar crecimiento y peor aún de generar un crecimiento que reduzca la pobreza y mejore las condiciones de vida de las mayorías. Hay pocos casos en que este tipo de políticas han derivado en procesos de largo plazo de crecimiento sostenido y además con reducción de la pobreza y una mejor distribución de la riqueza. Eso está claro, aunque en el corto plazo puedan tener éxito”.

“Hay también otros ejemplos en la literatura y la experiencia histórica de ajustes de este tipo que no han tenido éxito. Por ejemplo, uno de los grandes riesgos que tiene este paquete es que el exceso en el ajuste produzca una contracción de la economía y por lo tanto una reducción de los recursos del Estado, de los tributos y de los impuestos. Por lo tanto, que se llegue a una estanflación, como lo mencionó el propio Milei. Es decir, un estancamiento de la economía sin que se resuelva el problema de aumento de precios. Entonces, una estanflación para sanear la situación talvez sea viable por un año, pero si se prolonga más genera problemas sociales y daños estructurales en la economía que después son muy costosos y que finalmente pueden precipitar en un fracaso de toda la política. Consecuentemente, tanto la desregulación como el ajuste macroeconómico van a requerir todavía mucha acción política, mucho monitoreo y trabajo para que logren sus resultados, que no son automáticos, para nada”, precisa Ortuño.

Porvenir. Con todo, las medidas en marcha son un hecho consumado. De un modo u otro, afectarán a la sociedad argentina, están cuestionando nociones sobre el Estado, la relación entre lo público y lo privado, el rol y sentido de la función de gobierno. Son muchas las preguntas planteadas y el tiempo para responderlas ya está corriendo.

“La visión del Estado mínimo es propia del pensamiento libertario y este es el pensamiento que predomina en el actual gobierno argentino. Esto quiere decir que el Estado se achicará no sólo con nueve ministerios de los 18 que existían, sino con la privatización de las empresas estatales. El Estado de Bienestar tenderá a su mínima expresión con el mantenimiento temporal de algunas transferencias a sectores empobrecidos para apoyar alimentación y transporte. Lo propio con reformas de contratación laboral que eliminan beneficios laborales”, explica Bonadona.

El tiempo y la temperatura de las calles son factores a tener en cuenta. “El presidente Milei ha lanzado un decreto de urgencia con medidas que modifican amplias áreas económicas y sociales con la idea de ejecutarlas sin solicitar la participación del Congreso. Esto podría ser aceptado por los opositores a Milei en la medida que los sectores sociales no se muestren muy beligerantes por los efectos de las medidas, y así den el tiempo suficiente como para ver los efectos en los mercados que han sido afectados continuamente por la inflación. Si la inflación es relativamente controlada, los efectos políticos se verán atenuados. Particularmente, si logran que la clase media actúe como freno y se vuelque a favorecer las duras medidas asumidas por Milei. En el pasado los distintos congresos han dado un tiempo para que los programas de los nuevos presidentes se apliquen. Esta actitud puede ser reforzada o debilitada en la medida y en proporción a la reacción social a las políticas impulsadas por el presidente argentino”, indica Bonadona.

A su vez, Ortuño observa que “sostener estas políticas implica también cierto financiamiento y éste, por lo pronto, es externo. La pregunta es de dónde va a sacar Argentina préstamos para mantener una política, recursos frescos para poder mantener este tipo de políticas. No sé si el Fondo Monetario Internacional le va a prestar montones de dólares como lo hizo hace unos años atrás. Veo que hay problemas hasta políticos para eso. Entonces recordemos que en el caso boliviano, que fue un ejemplo de ajuste fiscal de shock macroeconómico en la década de 1980, la experiencia que tuvimos fue, primero, que tuvo un gran costo social. Estabilizó efectivamente la moneda y, más o menos, también la economía, pero, atención, durante diez años crecimos a un nivel bastante bajo. El shock en Bolivia no generó una economía dinámica y explosiva en crecimiento y, contrariamente, empeoró los indicadores de pobreza y de bienestar de las personas. En gran medida el shock macroeconómico boliviano se mantuvo gracias a donaciones y a cooperación extrema”.

“El problema de la Argentina no es sólo un problema macro, sino es un problema de falta de financiamiento y que recurre constantemente o a desequilibrios macroeconómicos o a recursos externos. La pregunta es qué va a pasar en el mediano plazo. En el corto plazo hay una pregunta política. Luego de haberse lanzado el decreto de necesidad y urgencia que liberaliza y desregula algunos aspectos de la economía argentina, está claro a esta hora que ya hay crecientes posiciones políticas que ponen en duda de que esto sea validado por el Congreso. Puede ser que el camino de la desregulación no sea tan fácil como se lo está viendo hoy, donde parece que el gobierno lo puede hacer. Habrá que estar atentos en las siguientes semanas”, complementa Ortuño.

Política, finalmente. A partir de todo lo señalado anteriormente, ¿en qué lugar del espectro político se ubica Milei? ¿Qué tan revolucionarias, o no, son las decisiones y medidas que viene implementando su gobierno?

Sobre este punto, la opinión de Ortuño es que “al final, Milei, más allá de todas las imágenes y el discurso mesiánico y de gran transformador liberal o innovador, veo que está claramente haciendo ahora una política de ajuste macroeconómico, de shock y de desregulación, bastante parecida a la que hizo la dictadura argentina o el gobierno de Carlos Menem. También, a la que aplicó Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, allá en 1985 o a la que se dio en Ecuador por esos mismos años o en México o en varios otros países en el tiempo de la crisis de la deuda. Es decir, está más o menos dentro del espacio de lo que llamaríamos la derecha neoliberal de los años de 1990. No es muy diferente”.

Desde la perspectiva de Bonadona, “las medidas tomadas por Milei responden a una posición derechista en la que no se ve forma alguna de rescatar a empresas estatales que, posiblemente, pueden hacerse eficientes en la economía argentina. La manera de imponer las medidas exigirá grados de represión que pueden llegar a ser extremas y en ese caso muchos derechos serán vulnerados. El derecho que más se respetará será el derecho a la propiedad, aunque para ello se deban vulnerar muchas reivindicaciones sociales.

“De todas maneras, se debe esperar una gran disminución de la corrupción en el aparato estatal y en las empresas privadas que aprovecharon la venalidad de los funcionarios públicos. La casta no es una creación fantasiosa de Milei, está presente en Argentina, como está en otros países, como Bolivia”, concluye Bonadona. /// La Razón