Lanchipa ordena a los Fiscales Departamentales trabajar durante el feriado de Carnaval 

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que el Ministerio Público instruyó a las Fiscalías Departamentales e Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la implementación de planes de trabajo y acciones para hacer frente a los delitos recurrentes en las fiestas de carnaval.

El Instructivo emitido por la Fiscalía General señala que “Teniendo presente la dinámica del fenómeno criminal, es imperioso organizar y reforzar la presencia y trabajo del Ministerio Público y a efectos de que el trabajo de intervención sea eficaz y eficiente, cada Fiscalía Departamental deberá reforzar el trabajo de los Fiscales de Materia de turno”.

“Los Fiscales deben estar presentes en cualquier situación que vulnere los derechos de las personas, para ello cada una de las Fiscalías Departamentales del país ha elaborado un plan de acción para estar prestos a atender cualquier hecho eventual que se presente en estas fiestas de carnaval, durante las 24 horas del día”, informó Lanchipa.

Cada Fiscalía Departamental debe implementar el plan de trabajo para que a partir del jueves 28 de febrero hasta el miércoles 6 de marzo del presente año, se deban establecer los turnos de 24 horas y conformar comisiones de Fiscales de Materia para la asignación y división de tareas, además de mantener una coordinación constante con las instancias pertinentes.

Por su parte el IDIF, en el ámbito de sus funciones, deberá establecer turnos de trabajo para los médicos y peritos forenses para intervenir de forma inmediata en los casos que sean convocados por los Fiscales de Materia, priorizando la realización de pericias sobre hechos graves de violencia.

Lanchipa señaló que el Ministerio Público cumple funciones permanentes durante los siete días a la semana incluyendo los feriados y que este trabajo es coordinado con la Policía Nacional.

El Ministerio Público es la institución encargada de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad a través del ejercicio de la acción penal pública en el marco de la Constitución Política del Estado y otras normas vigentes en el país.