Operativo antinarcóticos: Dueño de “La Voz” sigue juicio a policías, fiscales y jueces por extorsión y consorcio

El empresario cochabambino y propietario del periódico “La Voz”, Wilson Sahonero, denunció que un presunto consorcio de policías, fiscales, jueces y abogados montaron un falso operativo antinarcóticos para apoderarse de más de un millón de bolivianos, casas y edificios educativos, por lo que interpuso proceso judicial para su esclarecimiento y sanción.

A través de su abogado, Ludwin Ledezma, denunció que fue víctima de un falso operativo antinarcóticos en diciembre de 2015 con participación de un presunto consorcio criminal dedicado a extorsiones a empresarios que cuentan con dinero. Los seleccionados por este grupo son intimidados y amenazados con cárcel y despojo de sus bienes como ocurrió con Sahonero, dijo.

“Se trata de una banda de maleantes que se dedica a preparar casos e investigar a la gente que tiene plata para luego extorsionarles y hacerles creer que es el ministro Carlos Romero el que ordena los falsos operativos antinarcóticos”, señaló por su parte Sahonero en entrevista con el Canal ATB.

consorcio en contra de Armando Navia, el abogado Walter Carlos Torrico, el coronel Maximiliano Dávila, actual director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Raúl Arce y el exfiscal Miguel Trigo Rocha, además de los policías Harold Villanueva, Remberto García, Johnny Morales y Ninoska Mendoza.

Según la víctima de este “clan mafioso”, el operativo antidroga se realizó al margen de toda norma, sólo para apoderarse de 300 mil dólares e inmuebles, ya que hasta la fecha no lograron demostrar los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico.

DENUNCIANTE “FANTASMA”

Asimismo, reveló que el supuesto denunciante resultó ser un “fantasma” pues no había la denuncia escrita, fotocopia de su carnet, croquis de su vivienda y tampoco se verificó su existencia real. Pese a todo ello, el juez ordenó el allanamiento.

Sahonero, también, afirmó que se trata de un grupo criminal que se organizó con el único fin de despojarlo de su dinero y bienes, además de dañar su imagen y la de su familia. El hecho ocurrió hace tres años y en ese tiempo no hubo procesos disciplinarios y todo está estancando en las instancias judiciales, agregó.

Finalmente, la víctima de extorsión aseguró que no sabe el destino del dinero como de sus autores, pues el único delito que habría cometido en Bolivia data de 2015 por conducción peligrosa.