Áñez y la Conferencia Episcopal sabían del pedido del Papa pero guardaron silencio

Las revelaciones fueron expresadas por la excanciller del gobierno de facto, Karen Longaric y, en parte, por el exembajador de Bolivia ante el Vaticano, Julio César Caballero, quien firmó el informe diplomático del 15 de enero de 2020 donde da a conocer que el Papa Francisco solicitó proporcionar salvoconductos a las personas asiladas en la residencia de la embajada de México, en La Paz.

Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca, César Navarro y Hugo Moldiz, además de Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro; Pedro Dorado, exviceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), se refugiaron en la residencia de la Embajada de México en la ciudad de La Paz.

Dos meses después, el Santo Padre sugirió “superar la crisis de los asilados en la Embajada de México en la ciudad de La Paz, proporcionando salvoconductos a aquellas personas que se encuentran en esa legación diplomática, consolidando así el proceso de pacificación y el periodo electoral iniciado por Bolivia”, según indica la nota clasificada de “muy urgente”, con CITE: EB.VA. NSC.08/2020, firmada por el entonces embajador de Bolivia ante la Santa Sede del Vaticano, Julio César Caballero Moreno.

La nota fue enviada a Karen Longaric con copia al entonces vicecanciller Carlos Zannier.

Caballero consideró, en radio Fides, que “es obvio que la señora Ministra comunicó a la señora presidenta en ese momento este mensaje porque es un mensaje clasificado como muy urgente”.

Al respecto Longaric indicó que “conocía de esa carta y yo instruí al vicecanciller de entonces hablar sobre ese tema y también le transmití a la presidenta (Jeanine Áñez) el tema”, dijo en una entrevista con el programa Asuntos Centrales, según el periódico La Razón.

Es decir, Jeanine Áñez, quien varias veces enarboló públicamente la Biblia, conocía la solicitud del Papa Francisco para liberar a los asilados en la residencia mexicana, pero no permitió el desalojo de las exautoridades y tampoco realizó algún informe público sobre ese pedido.

Pero también la jerarquía católica del país tenía conocimiento de la preocupación de Santo Padre, ya que hizo gestiones en ese sentido, pero se limitó a solicitar la liberación de una persona de todas las asiladas, según relató Longaric.

Ella dijo que fue visitada por una “delegación grande” de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y los sacerdotes, quienes le dijeron que ellos querían que el Gobierno “exprese un gesto humanitario y dé un salvoconducto al menos para una persona”, según publicó La Razón.

“Inmediatamente llamé a la Presidenta y al exministro (de Gobierno Arturo) Murillo y (también) le transmití esa gestión de la Conferencia Episcopal (porque eran) justamente los sacerdotes que participaron de la pacificación del país”, relató Longaric.

Al respecto, el exembajador Caballero, quien había transmitido la solicitud del Papa, dijo que se enteró de esas gestiones. “Solamente he escuchado, no tengo la información porque no necesariamente debo tenerla, sé que la gestión la realizó la Conferencia Episcopal que en su momento hizo una gestión ante la Cancillería. Hicieron gestiones para tratar el tema de los refugiados en ese momento. Eso es lo que sé, pero no tengo un conocimiento oficial de ese tema”, dijo en radio Fides.

Esas gestiones de la Conferencia Episcopal se realizaron días después que Caballero informó al régimen de Áñez, el 15 de enero de 2020, de la solicitud del Sumo Pontífice.

Días después, el 31 de enero de 2020, Áñez otorgó permisos para que el exministro de Minería, César Navarro y el exviceministro de Desarrollo Rural Agropecuario, Pedro Damián Dorado López, puedan salir de la residencia mexicana.

Al respecto Longaric dijo que “entonces, la Presidenta seguramente analizó con Murillo y decidieron dar dos salvoconductos, uno para el exministro (César) Navarro y otro para un exviceministro”, contó.

Sin embargo, la Policía detuvo de manera ilegal a Navarro y Dorado por más de siete horas antes de su vuelo a México.

Sobre la detención, Longaric reveló otras gestiones de la jerarquía católica ya que dijo que el Nuncio Apostólico la llamó para informar de ese problema.

“Entonces, llamé (otra vez) a la Presidenta y Murillo para decir que no se cometiera semejante atropello (detener a Navarrro y Dorado). Y a los dos días me visitó el Nuncio junto con un grupo de embajadores para expresarme su preocupación por lo que había ocurrido en el aeropuerto”, indicó.

El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó esa detención como un “incidente” y atribuyó a una “mala comunicación” la aprehensión.

Tras esas dos liberaciones y pese al pedido del Papa, el resto de las exautoridades asiladas no pudo salir de la residencia mexicana. Inclusive, grupos civiles se apostaron en las cercanías y hasta la policía reforzó el control para evitar la salida de los refugiados.

Sobre el conocimiento y papel del régimen de Áñez y de la Conferencia Episcopal Boliviana, respecto a la solicitud del Papa para liberar a los asilados, la exministra de Culturas, Wilma Alanoca dijo que ambos deben dar explicaciones al pueblo boliviano.

“Exijo a la señora Karen Longaric que no nos responda por Zoom, ni por Twitter, que venga a Bolivia desde Chile, que diga la verdad de lo que pasó con el tratamiento de esa nota tan importante de la que sí o sí dependían la vida de muchas personas y de muchas familias en nuestro país. Lo propio, que los señores de la Conferencia Episcopal de Bolivia digan la verdad con la biblia en la mano y que le hablen al pueblo boliviano”, solicitó el viernes en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.