El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se ajusta a la Constitución Política del Estado (CPE) y al Pacto de San José de Costa Rica sobre el derecho preferente y derechos políticos que además, tiene precedentes con similares características en tres países latinoamericanos, afirmó hoy el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.
“La sentencia constitucional en los hechos genera la habilitación irrestricta de todos los ciudadanos para el ejercicio de los diferentes cargos sea el presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales y todas las autoridades electas en general”, afirmó en conferencia de prensa realizada en el Ministerio.

Arce hizo un análisis constitucional y legal del fallo del TCP que se apegó a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos o pacto de San José de Costa Rica.
Sobre las versiones de un fallo contrario a la Constitución y a la institucionalidad democrática que señalan las voces opositoras, Arce explicó que el artículo 256 de la CPE establece claramente los tratados internacionales sobre derechos humanos que fueron ratificados por Bolivia y que declara derechos más favorables contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre el texto constitucional.

Asimismo, se refirió al texto del Pacto de San José de Costa Rica que establece en su artículo 23 los derechos políticos que son más favorables a los que establece la CPE.
“En virtud de estos argumentos la sentencia constitucional, dentro de las certezas jurídicas, más allá de los discursos políticos, este fallo respeta y desarrolla plenamente la Constitución. Si fallaba de manera diferente hubiera violado el artículo 256 de la CPE, hubiera sido inaplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)”, precisó.

Además, argumentó que existen precedentes con similares características en tres países latinoamericanos.
Se refirió a los casos de Costa Rica, Nicaragua y Honduras que solicitaron el control de constitucionalidad y se resolvieron en la Corte Suprema de Justicia.
“Tres fallos uniformes que declaran estrictamente la sentencia constitucional del TCP la inaplicabilidad de artículos de su Constitución por contradicción con derechos reconocidos en los tratados internacionales como el pacto de San José de Costa Rica que establece derechos más favorables”, agregó.

Dijo que la sentencia del TCP es bastante certera que marca un momento en el control constitucional boliviano. “No se actuó contra la Constitución y estamos en condiciones de enfrentar cualquier debate en ese sentido”, aseveró.

Sobre las versiones de un fallo antidemocrático, golpe a la Constitución y otros, dijo que “nada es más democrático que ir a unas elecciones en igualdad de condiciones”.
“Teóricamente lo que algunos candidatos de la oposición están defendiendo sería su derecho de ir a una elección sin la presencia del presidente Evo Morales, eso no es democrático, igualitario ni equitativo”, enfatizó.

Señaló que, como ya se manifestaron algunos opositores, si tienen la certeza de ganarle al presidente Morales pueden presentarse a las elecciones en igualdad de condiciones.
“Vivimos en un Estado absueltamente democrático, las elecciones democráticas están plenamente garantizados en Bolivia”, ratificó.

Asimismo, rechazó las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que se dictó un fallo para perpetuarse en el poder. Reiteró que esta sentencia constitucional desarrolla derechos de todos los bolivianos que quieran participar en elecciones.

Fuente: Ministerio de Justicia y Transparencia