Bolivia reporta 553 procesos penales contra maestros y personal administrativo por presuntos actos violentos en colegios

La Paz, 20 de octubre 2023

El ministro de Educación, Edgar Pary Chambi, calificó como “aberrantes” los recientes hechos de violencia acontecidos en contextos educativos en los departamentos de Potosí, Cochabamba y La Paz; y advirtió que los docentes o personal administrativo que cuenten con sentencia condenatoria serán sancionados conforme a la normativa vigente, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Supremos 1302 y 1320.

La autoridad reportó que desde la gestión 2012 hasta la fecha, el Ministerio de Educación realiza el seguimiento de 553 procesos penales contra maestros y personal administrativo del Sistema Educativo Plurinacional por presuntos actos de violencia, 157 de estos procesos ya cuentan con sentencia condenatoria, especificó.

“Lamentamos mucho, son hechos aberrantes. No puede ser que un maestro cometa este tipo de delitos que empañan la imagen del magisterio. Nosotros, como Ministerio de Educación, vamos a apersonarnos y vamos a exigir que se sancione conforme a las normativas vigentes. No podemos permitir que este tipo de hechos sigan sucediendo en las unidades educativas”, manifestó Pary.

En ese marco, la autoridad exhortó a la comunidad educativa en su conjunto – estudiantes, padres y madres de familia, maestras y maestros, además de instituciones de la sociedad civil – a luchar contra este flagelo en coordinación con los Comités Multidisciplinarios de los nueve departamentos del país.

Respecto a los 553 procesos penales registrados en el Ministerio de Educación a nivel nacional, la autoridad mencionó que las acciones están establecidas en los Decretos Supremos 1302 y 1320, normas que “tienen por objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo”.

El Decreto Supremo 1320 – en su artículo único que modifica el parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo 1302 – señala que: “El director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor”.