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Sociedad

Gobernación cruceña sienta denuncia contra supuestos cobros irregulares de una asambleísta

“Aquí hay que ser bastantes claros: (…) estamos siendo tajantes y terminantes, aquí no se va a permitir actos de corrupción. Se los va a perseguir y se los va a sancionar porque esa es la línea que hemos recibido de la lucha contra la corrupción”.

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Gobernación cruceña
Foto-Gobernación de Santa Cruz

Santa Cruz, 17 de abril 2024

Con respecto a la denuncia de una ex funcionaria de la Gobernación cruceña contra una asambleísta departamental por el supuesto cobro irregular de parte de sus sueldos, el asesor general departamental, Luis Fernando Roca, dejó en claro que con el director de Asuntos Contenciosos se está sentando una denuncia formal por este hecho, y especificó que las pruebas presentadas por la víctima datan de 2023 y enero de 2024, cuando el gobernador en ejercicio Mario Aguilera aún no había ejercido esta función.

“Aquí hay que ser bastantes claros: (…) estamos siendo tajantes y terminantes, aquí no se va a permitir actos de corrupción. Se los va a perseguir y se los va a sancionar porque esa es la línea que hemos recibido de la lucha contra la corrupción”, sentenció.

También explicó que la denuncia es aparentemente contra una asambleísta departamental, por lo cual la institución competente es la Asamblea Legislativa Departamental mediante su Comité de Ética, en caso de que se cometan irregularidades de estas autoridades.

Ya cuando se trata de delitos comunes, la denuncia debe presentarse ante la Fiscalía Departamental o la FELCC, proceso que se está llevando en estos momentos.

Se coadyuva en la investigación por venta de ítems

Con respecto a la anterior denuncia por la supuesta venta de ítem de salud, Roca afirmó que se está coadyuvando en la misma con el respectivo apoyo y seguimiento a la investigación.

El ente departamental ha presentado una adhesión a la denuncia penal, y la persona responsable por el delito de estafa se encuentra en la cárcel de Palmasola con una pena de cuatro años.

Añadió que no se trata de una funcionaria pública, sino de una persona particular, la cual no solamente debe cumplir su condena, sino que tiene que responder económicamente por el daño civil causado a sus víctimas.

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