Gobierno descarta decreto y espera que el Legislativo encamine elección judicial

La Paz, 15 abril 2023

Está descartado recurrir a un decreto para la designación de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, por lo que se espera que en el Legislativo se subsanen las observaciones al reglamento de preselección de candidatos y se realicen las elecciones judiciales, afirmó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.

“No está en nuestros planes (el acudir a un decreto)” y “nuestro presidente (Luis Arce) ha instruido que de una vez salvemos los inconvenientes y vayamos a las elecciones”, informó respecto al fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni que anuló el proceso de selección de candidatos a las judiciales.

Además, el dictamen instruyó el diseño y aprobación de un nuevo reglamento y convocatoria para la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

La Comisión Mixta de Constitución del Legislativo fue convocada a sesionar la tarde de este sábado, para tratar el fallo y analizar el nuevo reglamento con vista a aprobarlo en el menor tiempo posible para retomar el proceso hacia las elecciones judiciales.

Torrico expresó sus “dudas” respecto a que una sala constitucional departamental, como la del Beni, puede suspender una convocatoria nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Nuestro presidente Arce ha impulsado, hemos tenido que hablar con parlamentarios de aquí al frente (Legislativo), con gente de oposición, en algunos casos hasta les hemos rogado que aprueben esta convocatoria porque es la forma constitucional de elegir nuestros magistrados, así lo dice nuestra Constitución”, afirmó.

El abogado Miguel Balcázar presentó el amparo constitucional en contra del numeral 16 del artículo 19 del Reglamento de Preselección, que establece como “requisito común” para los aspirantes “no haber expresado posturas políticas de manera pública y que debe certificarse con una declaración jurada (voluntaria) ante notario de Fe Publica, en original”.