Sociedad
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia repudia amedrentamiento a periodistas en Trinidad
La ANPB y la ANB, lamentamos que en lugar de ponerse a disposición de la justicia para deslindar las acusaciones que fueron formuladas en su contra por la Defensoría del Pueblo, el gobernador del Beni propicie actos de violencia y amedrentamiento contra los periodistas.
La Paz, 27 de marzo de 2024
Repudiamos amedrentamiento a periodistas en trinidad
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas del Beni (APB), repudiamos la violencia y el amedrentamiento contra periodistas y personal administrativo del diario La Palabra del Beni por parte de funcionarios de la Gobernación del Beni.
En la víspera, autoridades de esa entidad pública encabezaron una movilización y se instalaron en el frontis de ese medio de comunicación para intimidar con petardos, insultar a periodistas y desprestigiar el trabajo del decano de la prensa beniana, por la publicación de una denuncia en contra el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, lesiones graves y leves y otros abusos contra niños y adolescentes del Centro Integral Chetequije.
La ANPB y la ANB, lamentamos que en lugar de ponerse a disposición de la justicia para deslindar las acusaciones que fueron formuladas en su contra por la Defensoría del Pueblo, el gobernador del Beni propicie actos de violencia y amedrentamiento contra los periodistas.
Expresamos nuestro total respaldo al trabajo de los periodistas de La Palabra del Beni y denunciamos que este tipo de manifestaciones violentas constituyen flagrantes vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa y, fundamentalmente, al derecho de acceso a la información de la población.
Nos ponemos en alerta frente a estos actos que intentan acallar a la prensa y declaramos que coadyuvaremos al esfuerzo de los periodistas de La Palabra del Beni para contribuir al esclarecimiento de los hechos que señalen a cualquier autoridad de Estado como responsable de transgresiones a su función pública.
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