Arévalo asume la presidencia de Guatemala retando a los corruptos

Guatemala 14 de enero de 2024

El socialdemócrata Bernardo Arévalo asumió este domingo la presidencia de Guatemala tras sortear meses de maniobras judiciales. Que buscaron invalidar la victoria electoral que logró con su promesa de combatir, con rigor, a los corruptos que controlan el país.

A pocas horas de su investidura, Arévalo, hijo del primer presidente democrático de Guatemala, prometió que su gobierno trabajará para cerrar «una época tenebrosa» de «cooptación corrupta del sistema político» del país.

El sociólogo, exdiplomático y filósofo de 65 años, prestará juramento para un mandato de cuatro años. En sesión solemne del Congreso en el Teatro Nacional, en el centro de la capital, resguardado por policías y militares.

Presidencia de Guatemala

Inesperadamente, el socialdemócrata pasó en junio a la segunda ronda presidencial con una candidata conservadora aliada del oficialismo. A quien venció cómodamente con un 60% de los votos por su mensaje anticorrupción.

Desde entonces, Arévalo y su partido Movimiento Semilla fueron blanco de una ofensiva judicial que él denunció como un «golpe de Estado». Detrás del que estaría la élite política y económica que por décadas ha regido los destinos de este país centroamericano.

La Fiscalía intentó retirarle la inmunidad de presidente electo, desarticular su partido progresista y anular los comicios, argumentando que hubo anomalías electorales.

La embestida judicial, basada en casos «espurios» según Arévalo, fue condenada por la ONU, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos. Que sancionó a cientos de fiscales, jueces y diputados por «corrupción» y por «socavar la democracia».

Como muestra del respaldo, a la investidura asisten el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, delegados de Washington. Así como el rey de España, Felipe VI, y, entre otros, los presidentes Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia).

Arévalo sustituirá al derechista Alejandro Giammattei, quien ha sido vinculado con el llamado «pacto de corruptos». Y durante cuyo gobierno debieron exiliarse decenas de fiscales, jueces y periodistas que denunciaron actos de corrupción. /// La Razón