El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, anunció ayer que destituirán a gerentes y otros funcionarios de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), vinculados al caso de corrupción que fue descubierto a partir de la venta irregular de maíz subvencionado.

A decir de Rojas, se van a destituir a algunos responsables de distintas direcciones, gerencias y otros funcionarios de la firma estatal. Se darán su tiempo para evitar equivocaciones, dijo.
Además, la autoridad no descarta que la denuncia, que actualmente involucra a siete trabajadores, sea ampliada a más personas. “Depende de la Fiscalía, tiene la documentación, seguro va a ampliar, convocará a otros funcionarios para que aclaren este hecho”, señaló.

En cuanto al monto de la presunta estafa, Rojas explicó que está a la espera de la investigación del caso para determinar si la cantidad es mayor o menor a los Bs 150.000 estimados.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural también  se refirió a los prófugos y a los sectores afectados. “Dos ex funcionarios están prófugos, todavía no se ha podido ubicar a Gabino S., que era técnico, Nelson R. y al autor fundamental del hecho, Pablo A., que ha utilizado las identidades de productores de los sectores avícola,  porcino y de otros”, precisó.

Pedirán lista de productores

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) solicitará una lista de productores que hayan realizado alguna compra o venta de artículos a Emapa.

“Hay muchos afiliados que nos han llamado haciéndonos conocer que han utilizado sus nombres para comprar productos que comercializa Emapa. Han solicitado que la CAO haga gestiones para solicitar una lista de productores a quienes se les vendió o han dicho que compraron la oferta de Emapa, para saber y cotejar con la documentación que cada productor tiene, si compró o no, a nombre de quién lo hizo y cómo lo hizo”, manifestó Freddy Suárez, presidente de la institución.

El titular del sector agropecuario cruceño indicó que como institución no seguirán ningún tipo de proceso contra la empresa estatal, pero que ayudarán a los afectados en las gestiones que pretendan realizar.

Fuente: El Deber