El dolor y la impotencia caracterizaron el entierro de Suleydi Estívariz, la mujer que murió el jueves, día del paro cívico, debido al ataque de grupos de choque vinculados al 21F que trataban de obligar a la población de Riberalta a que acate la medida.

Un nutrido cortejo acompañó el féretro de la mujer: familiares, vecinos, compañeros de trabajo y población riberalteña en general, que se mostró conmovida por las circunstancias de su muerte.

Al pedido de “¡justicia!”, el cortejo fúnebre se dirigió hasta el Cementerio General de Riberalta, mientras los hijos, nietos y el esposo de la mujer, Ademar Siviora, lloraban sin consuelo.

Fue Siviora quien exigió que las autoridades encuentren al o los responsables materiales de esta muerte. Sin embargo, para el viudo, los miembros del comité cívico de esa ciudad amazónica son culpables del fallecimiento de su esposa, porque el día del paro cívico movilizaron a sus grupos de choque para obligar a la población a que acate la medida.

Suleydi Estívariz, de 52 años, se dedicaba al comercio informal. Tras recibir el empujón de un cívico, cayó al piso y se golpeó la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico y su posterior fallecimiento.

El presidente Evo Morales instruyó que se realice una investigación para dar con los responsables de esta muerte.

La dirigencia de los movimientos sociales de Riberalta hizo el mismo pedido y se solidarizó con la familia Siviora Estívariz.

Dirigentes cívicos de Riberalta no emitieron ninguna declaración sobre los actos vandálicos que derivaron en la muerte de Estívariz. Tampoco lo hicieron los cívicos de otras regiones, que ignoraron el deceso y anunciaron más medidas de presión contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que sus vocales renuncien y se anule la habilitación de los binomios rumbo a las primarias.