Evo Morales blinda su gabinete para buscar su reelección

Esta vez no habrá salvación colectiva para los 21 ministros del presidente Evo Morales, como el 23 de enero de 2016, un mes antes de la consulta del 21 de febrero (21-F), cuando él decidió que la ‘estabilidad’ del gabinete era útil. “Sí, va a haber cambios, de seguro que va a haber cambios. Veremos eso el día 23 de enero”, anunció Morales, inusualmente, con más de tres semanas de anticipación. “En los plazos previsibles no hay consulta ni fecha electoral lo suficientemente cerca como para atrasar los ajustes”, razona Carlos Hugo Molina, municipalista y ex prefecto cruceño en la gestión de Carlos Mesa.
Para varios sectores sociales y económicos del país consultados, para analistas políticos e incluso para algún exasesor del presidente, detrás del anuncio hay tres cosas claras: primero, los cambios ministeriales serán numerosos, ruidosos, seis ministros, ocho, tal vez más; hay descontento y fusibles por quemar.
En sintonía con Morales, las constantes salidas del gabinete político a la opinión pública con mensajes duros —sobre todo Juan Ramón Quintana— hacen pensar que el cambio no tocará directamente al entorno más inmediato del presidente Morales.
En tercer lugar, el Gobierno ha dejado claro, después de su congreso partidario, que una de sus ocupaciones centrales es encaminar la repostulación de Morales en 2019, incluso en plena desaceleración de la economía.
Por otro lado, desde fuera de Palacio, hay presión. Hay sectores influyentes que —machaconamente— han empezado a demandar cambios con criterios de gestión. Por ejemplo, Guido Mitma, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, otrora obediente al Gobierno, pide públicamente las cabezas de los ministros de Trabajo, Gonzalo Trigoso; de Salud, Ariana Campero; de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, y de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira.
Así también, el presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia (Cadex), Wilfredo Rojo, cuestiona los resultados del ministro de Economía, Luis Arce, porque, según él, no se ha concretado en una década la transformación de la estructura productiva nacional, de país productor de materia prima a industria desarrollada. Rojo sugiere que el presidente revise qué hacer con él. Pese a esto, algunos analistas políticos, como Armando Ortuño, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ven en Arce una de las fortalezas de Morales y dudan de su cambio.

¿Y la gestión?
Nadie discute la necesidad de cambios en el gabinete. Después de todo, por razones externas e internas, 2016 fue uno de los más accidentados en la década de Morales. Tuvo que lidiar con la caída del precio del barril de petróleo (a menos de $us 27, en su punto más bajo, en febrero), las reservas internacionales netas están siendo usadas para cubrir la inversión y, por tanto, se redujeron a $us 10.081 millones a fin de año (según registros del Banco Central de Bolivia, luego de haber alcanzado hasta $us 15.123 millones en diciembre de 2014); hubo recortes de presupuestos y, por consiguiente, tensiones con entidades autónomas, como las gobernaciones de Santa Cruz y La Paz, o el municipio paceño.
También fue el año del caso Zapata —donde el gabinete se enfocó en cuestionar a los medios antes que en disipar los mensajes negativos—; fue también el periodo de la derrota de Morales en las urnas y el año en que las acusaciones por supuesta corrupción en los manejos del Fondo Indígena llevaron a prisión a Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, cercana a Morales.
“Sí, 2016 también fue el año de la sequía y del desabastecimiento de agua potable en La Paz. No es raro que se vayan ministros. El hecho inusual es que el presidente hubiera anunciado con tanta anticipación los cambios; hay un quiebre”, prevé Ortuño. Un exasesor del presidente, que pidió que no se cite su nombre, está seguro de que “los cambios del gabinete serán más cuantitativos, que cualitativos”.

Es decir, que no existen motivos para pensar que Morales se vaya a deshacer del canciller David Choquehuanca o del ministro Luis Arce, que no tuvieron grandes contratiempos y que son prácticamente inamovibles; que Quintana, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, (y quizás el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en la medida de que hubiera logrado entrar al círculo de Morales), tampoco se irán, porque son ellos quienes movilizan la campaña por la repostulación (Romero en el congreso de Montero y Quintana en sus últimas intervenciones).
“El presidente tiene ministros que son de su entorno y otros no. Marko Machicao, el ministro de Culturas, es un buen servidor, pero no está en su entorno”, dijo hace unos meses Jorge Landívar, secretario de Comunicación del alcalde Percy Fernández y exministro de Informaciones de Hugo Banzer, para explicar, por analogía, los entornos más cercanos del alcalde. Es precisamente este entorno palaciego el que, algunos politólogos, ven que no se tocará. Los demás se ven como disponibles.

El politólogo Carlos Guzmán señala que los ministros candidatos a irse son la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, por el desabastecimiento de agua potable que enfadó a la sede de Gobierno a fines del año pasado; al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, sobre quien recayó la tragedia de la aerolínea boliviana LaMia, con 71 muertos de por medio; a César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural, que ve que no ha conseguido entendimientos del Gobierno con los grandes agroproductores del oriente como lo hizo su predecesora, Nemesia Achacollo, y René Gonzáles Orellana, ministro de Planificación, y Ana Verónica Ramos, de Desarrollo Productivo, de quienes poco o nada se ha sabido en estos dos años de gestión, opina.
Para Molina, si los cambios se producen en este orden, aunque numerosos, son solo ‘cosméticos’.

Campo de lucha
Morales ha señalado otro campo de lucha. El mes pasado insinuó que la consulta del 21-F la perdió por  las ‘mentiras’ de las campañas de la oposición. También culpó de su resultado a los medios de comunicación y señaló que si él fuese presidente del Órgano Electoral Plurinacional, anularía de oficio los resultados del referéndum porque el pueblo fue engañado y eso no es legítimo.
Para el comunicador Andrés Gómez, a quien el Gobierno califica como opositor por sus críticas, es claro que la prioridad del nuevo gabinete será trabajar articuladamente en favor de la repostulación y, en ese terreno, la lucha por el control de la opinión pública será un campo de batalla donde puede hacer ajustes si se pretende persuadir al electorado con argumentos de la legalidad y legitimidad de esta aspiración.
Para Gómez, la única vez que el Gobierno tuvo un ministro de Comunicación con peso de decisión sobre las políticas de comunicación del Ejecutivo fue cuando Iván Canelas estuvo a cargo de esa cartera, pero ahora, desde su lectura, no es la ministra Marianela Paco la que traza esas líneas, sino el ministro de la Presidencia o el vicepresidente Álvaro García Linera, a quienes ve como autores del endurecimiento del discurso hacia los medios.
Guzmán coincide en que el Gobierno fijó, para 2017, en los medios, en las redes sociales y en las calles un campo de lucha; sin embargo, no coincide con Gómez: para él, Paco ha cumplido su rol de “cuidar al presidente de los titulares y de control de daños a la imagen de gestión”, aunque con métodos discutibles.

Evalúan a otros ministros
Molina señala que hay evidencia de que la administración de Morales, dirigida bajo el modelo del centralismo democrático del sindicalismo, paradójicamente ha inoculado en el país el germen del federalismo con la inclusión de las autonomías indígenas originarias campesinas (AIOC) y acompañado la consolidación del Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae, hace poco. Por ello, rescata el rol del ministro de Autonomías, Hugo Siles. Aunque considera que, en el proceso autonómico, cada vez será menos importante el rol del Estado central y mayor el de las entidades autónomas.
Respecto a otros ministerios, el líder de la COB manifestó: “Reprochamos a estas autoridades. La ministra de Salud (Ariana Campero), que no atendió bien el caso de la Caja Nacional de Salud; el de Trabajo (Gonzalo Trigoso), por no hacer nada por los obreros de Enatex, lo mismo que la de Desarrollo Productivo (Verónica Ramos). Y la de Medio Ambiente ocasionó la crisis del agua en la ciudad de La Paz”.
El titular del Comité Cívico Potosinista, Jhonny Llally, citado por El Potosí, manifestó que el ministro de Minería, César Navarro, no conoce su área y este campo requiere una persona que no solo que tenga conocimientos, sino una especialización. De la ministra de Justicia, Virginia Velasco, algunos sectores  destacan su papel en el seguimiento que hizo al Órgano Judicial para verificar irregularidades y malos tratos.

Asimismo, reconocen el acompañamiento a la aprobación de leyes calificadas de progresistas e inclusivas, como la Ley de Identidad de Género (aunque también fue criticada). Su cargo puede ser el fusible de una reforma judicial que Evo Morales ofreció hace tres años y hasta ahora no se ejecuta  Fuente el Deber