La Comisión de Implementación de Resultados de la Cumbre de Justicia presentó hoy el proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal, que contiene 15 medidas urgentes para terminar con la retardación de justicia en el país y evitar las chicanas jurídicas.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó que después de ser tratado y aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se espera su pronta puesta en vigencia para “descongestionar el sistema penal y buscar el objetivo supremo de la protección de los derechos humanos”.

Arce detalló las 15 medidas en una conferencia de prensa junto a los presidentes de los máximos tribunales judiciales: AntonioRevilla, del Tribunal Supremo de Justicia; Gonzalo Alcón, del Consejo de la Magistratura; Emilio Flores, del Tribunal Constitucional y Gregorio Aro, del Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro.

Presentación del proyecto de Ley con 15 medidas en beneficio de la justicia boliviana

Entre las medidas que se asumirán a partir de la promulgación de la norma, están que todas las notificaciones se realizarán por la vía informática, para ello en cada proceso se asignará un correo electrónico a cada una de las partes. “Cada abogado va a tener un correo electrónico asignado desde la obtención de su credencial aquí en el Ministerio de Justicia, a través del Registro Único de Abogados”, puntualizó Arce.

Se establece que una vez iniciado el juicio, éste se tiene que realizar de manera continua hasta su conclusión, inclusive habilitando fines de semana y feriados. Un juez que empieza el tratamiento de un juicio tiene que terminar sin poder conocer otro juicio, además que todas las audiencias serán digitalizadas en audio y video, sin que sea necesaria la transcripción en actas escritas y las sentencias deberán ser emitidas inmediatamente después de concluidas las audiencias.

Se creará un procedimiento especial para la protección de niños, niñas y adolescentes.

Se restablece la visita de cárceles por parte de los tribunales departamentales y el Ministerio Público para conocer directamente las quejas y reclamos de los reclusos.

Uno de las principales medidas, dijo Arce, es la creación de la Oficina Gestora de los Proceso para señalar las audiencias de cada uno de los jueces, con una calendarización para cada uno de los juzgados a través de un sistema informático.

Con la vigencia de la norma, los abogados ya no podrán recurrir a la chicana o la práctica dilatoria de presentación de excusas y recusaciones que ya no serán remitidas al siguiente número de juzgado sino que se procederá a un nuevo sorteo. Esta práctica era usada para llegar hasta un juzgado afín a sus intereses.

Otra medida que se implementará es que la imputación que realice el Fiscal deberá establecer el plazo de duración de la detención preventiva e indicar que procedimientos investigativos tiene que realizar durante ese tiempo, que de acuerdo a la norma es de seis meses.

No habrá detención preventiva en los casos de que el imputado sea mayor de 65 años, que la pena sea igual o menor a 4 años, delitos de contenido patrimonial con salida de conciliación, mujeres embarazadas, personas con guarda de niños, aunque también se establecerá excepciones.

Finalmente, se indica la obligatoriedad de que el fiscal y el juez promuevan las salidas alternativas del proceso penal y se reduce el plazo para este procedimiento de cinco días a 48 horas.

El proyecto de ley fue trabajada de forma consensuada entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la Fiscalía, la Procuraduría y la Universidad Boliviana, ahora pasará a tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, concluyó el ministro Arce.