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Adriana Salvatierra renuncia a nacionalidad chilena y se disculpa

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“Pido disculpas a mi pueblo boliviano si esto en algún momento generó algún tipo de incomodidad”, acotó.

La Presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, informó este viernes que presentó ante el Consulado de Chile su renuncia a la nacionalidad chilena y pidió disculpas al pueblo boliviano por la polémica que ha surgido sobre su doble nacionalidad.

“No hemos cometido ninguna irregularidad. Hoy de forma expresa ante el Consulado General de Chile he presentado mi renuncia voluntaria a la nacionalidad que adquirir por el principio jurídico ‘ius sanguinis’ que me une a mi madre y que es consagrado por el derecho internacional”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad legislativa dijo estar orgullosa de ser boliviana y pidió disculpas al pueblo boliviano. “Pido disculpas a mi pueblo boliviano si esto en algún momento generó algún tipo de incomodidad”, acotó.

Además señaló que fue su madre, Luisa Herminia Arriaza (Chilena), fue quien, cuando Salvatierra  tenía entre 13 y 14 años, la inscribió formalmente en el registro chileno para que adquiera su segunda nacionalidad.

“No quiero que queden dudas ni especulaciones. Opto por una sola nacionalidad, la única que siempre lleve en mi corazón desde mi nacimiento, con la cual crecí y reafirmo mi compromiso de servicio y entrega a nuestra gente y Bolivia”, enfatizó.

La titular de la Cámara de Senadores señaló que su actuar está contemplado en el artículo 8  de la Constitución Política de Chile.

«El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones (…) Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.», establece dicha normativa.

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