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GIEI-Bolivia ratifica que no hay evidencia sobre la intención de hacer explotar la planta de YPFB

Las paredes de la parroquia San Francisco de Asís de la urbe alteña retumbaron al grito de “justicia” y fueron mudos testigos del despliegue de carteles en los cuales se leían: “Ni olvido ni perdón. Los muertos no se reviven”, “No es venganza, es justicia”, “No fue fraude, fue golpe”, “Memoria, verdad y justicia”, “Sacaba y Senkata no se olvidan” y otros.

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Foto-Archivo infodiez

La Paz, 18 de agosto 2021

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ratificó este miércoles, durante la entrega del Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 a los familiares de las víctimas de la masacre de Senkata, El Alto, que no existen evidencias sobre la intención de hacer explotar la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Las paredes de la parroquia San Francisco de Asís de la urbe alteña retumbaron al grito de “justicia” y fueron mudos testigos del despliegue de carteles en los cuales se leían: “Ni olvido ni perdón. Los muertos no se reviven”, “No es venganza, es justicia”, “No fue fraude, fue golpe”, “Memoria, verdad y justicia”, “Sacaba y Senkata no se olvidan” y otros.

La presidenta de la Asociación de Víctimas de Senkata, Gloria Quisbert, lamentó, entre lágrimas que, a la expresidenta de facto, Jeanine Añez, menos a su entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, les temblaron el corazón y las manos al firmar el Decreto Supremo 4078 para reprimir las movilizaciones de 2019. Quisbert perdió a su hermano, quien murió durante la represión de efectivos policiales y militares en Senkata.

Bertha Taco portaba una fotografía de su hijo Juan Martín Pérez Taco donde se leía: “Querido hijito: siempre estarás en nuestros corazones, te recordamos con mucho amor. La luz brillará más a lado de Dios. † 11 de noviembre de 2019”. Relató que la mañana del 11 de noviembre, su hijo fue a su colegio a pasar clases, pero después de dos horas le llamaron para comunicarle que “había fallecido por un disparo de un arma de fuego”.

El investigador del organismo, Juan Méndez, señaló: “El GIEI tuvo la oportunidad de evaluar objetivamente argumentos en los que se señalaba a la población alteña con una intención de generar afectaciones a la planta YPFB de Senkata, no obstante, a partir de investigaciones objetivas, acudiendo a la planta, analizando expedientes investigativos y mediante estudios técnicos del equipo de antropología forense, nos es posible afirmar taxativamente que no existía un riesgo de generar una explosión en la planta de Senkata”.

“El homenaje que podemos hacer es venir a compartir con ustedes el trabajo que hicimos a partir de oír sus relatos, de consultar documentos, de estudiar expedientes, de leer toda la información de las distintas fuentes a las que accedimos como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, indicó, por su lado, la experta del GIEI-Bolivia, Patricia Tappatá, acompañada por sus colegas Julián Burger, Jaime Vidal Melero y Juan Méndez.

La entonces presidenta de facto, Jeanine Áñez, y sus ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Luis Fernando López, acusaron a la población de El Alto de intentar hacer explotar esta infraestructura. Fue un justificativo para perpetrar la masacre.

El informe del GIEI detalla el rol de las FFAA, la Policía y los grupos irregulares que incidieron decisivamente en la violencia extrema y el caos social. “La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia; dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol constitucional”.

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