Bolivianos en Argentina
Gobierno argentino agiliza la expulsión de extranjeros
Gobierno argentino agiliza la expulsión de extranjeros
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, logró el respaldo de seis provincias, entre ellas Salta, para agilizar las deportaciones de inmigrantes que hayan incurrido en delitos castigados con prisión. Suscribieron el convenio el procurador general de Salta, Pablo López Viñals, los procuradores de Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, Santa Fe y Santa Cruz, la Dirección de Migraciones y otros organismos.
El endurecimiento de la política migratoria apunta a «los extranjeros que cometan delitos y los reincidentes, y a prohibir el ingreso de aquellos que ya tengan una causa judicial abierta en el país». De este modo, «se ofrece a los ministerios públicos las herramientas de que dispone Migraciones».
Este acuerdo supone un aval al decreto 70/2017, promulgado por el presidente Mauricio Macri, que establece atajos para deportar inmigrantes con pedidos de captura internacionales y acusados de delitos graves, como narcotráfico o trata de personas, y también a aquellos con tan solo un procesamiento firme, es decir, sin siquiera una condena firme.
Ese decreto había sido impugnado por el CELS con un amparo que no prosperó.
El organismo sostiene que de este modo «pueden ser echados del país una persona que corta una calle o una que vende en la vía pública. Este DNU puede incorporar cuestiones sociales, ilegalidades mínimas, resistencia a la autoridad, todos los delitos vinculados a usurpación. Al narcotraficante y al extranjero que incurre en un delito menor le aplican la misma norma».
Pero la decisión, a pesar de los riesgos que entraña, cuenta con el apoyo de gran parte de la opinión pública, donde abundan los sentimientos xenófobos y las actitudes proclives a la «mano dura».
En 2015 solo hubo dos inmigrantes deportados del país. En 2016, fueron 33 y a fines del año pasado cerca de 500 casos. En el Servicio Penitenciario Federal había en 2016, 2.342 extranjeros presos. Las bandas de narcotraficantes tienen con frecuencia raíces en el exterior.
En Salta, ubicada en una zona fronteriza, esa extranjerización del delito no es tan impactante como en el conurbano porteño. El fenómeno de la droga y la violencia social tienen características propias y muchas causas endógenas.
En el acuerdo con las provincias, ahora, Migraciones se compromete a organizar y dictar cursos de especialización sobre normativa aplicable al proceso de admisión de extranjeros y control de permanencia en territorio nacional, principales maniobras delictivas detectadas que se encuentren vinculadas al ingreso o egreso de personas al país, análisis de casos prácticos y jurisprudencia en la materia y problemática de su gestión en sede administrativa y judicial. «Nuestra política es inclusiva con inmigrantes que vienen a trabajar y a estudiar. Queremos ser exclusivos con los delincuentes, los narcos y las mafias», dijo el director de Migraciones, Horacio García.
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