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Bolivia: Plantean 25 años de cárcel por forzar sexo en el matrimonio

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Bolivia: Plantean 25 años de cárcel por forzar sexo en el matrimonio

El proyecto del Código Penal considera “la falta de consentimiento” como elemento esencial de violaciones, antes incluso que el uso de la fuerza, informó Montaño.

Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados.
El proyecto del Código de Sistema Penal boliviano prioriza «la falta de consentimiento” al tipificar la violación sexual incluso de parte de cónyuges. En este sentido «la violencia” ya no es un factor determinante para demostrar estos casos, sostuvo la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, en una entrevista con la agencia EFE.
«Ha cambiado totalmente la lógica. (Por ejemplo) es absolutamente posible que una mujer dentro del matrimonio en un momento no esté de acuerdo  con tener relaciones sexuales con su pareja y su pareja tiene que tener la capacidad de respetarla y si no la respeta, es violación”,  explicó la legisladora oficialista.
En este sentido, la víctima no tendrá que mostrar marcas de violencia física para justificar que ha sido  vejada.
«Será sancionado con prisión de 14 a 20 años (…) quien realice con persona de uno u otro sexo actos sexuales no consentidos o con violencia o intimidación (que impliquen penetración)”, señala el artículo 96 del proyecto de ley que aún se debate en la Cámara Baja.
En cambio, el actual Código establece una sanción de entre 15 y 20 años «a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con personas de uno u otro sexo actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal”. Esta última redacción se hizo con las modificaciones de la Ley 348 del 2013 que introdujo (de forma algo indirecta) el consentimiento.
El Código de 1997, por el contrario, ni siquiera mencionaba este elemento y sólo se enfocaba en la violencia física.
No obstante, el cambio en la norma no garantiza su cumplimiento en los hechos, reconoció Montaño. La autoridad indicó que la ley «no es una barita mágica” y que el reto estará en explicar a un juez, fiscal o policía que deje de exigir pruebas de violencia a las víctimas.
Para ello será necesaria la capacitación, «para transformar generacionalmente la manera de pensar la violencia”.
Las penas en sí se modifican poco. Aunque en un principio se pretendía castigar con hasta 30 años de cárcel las violaciones en las que -por ejemplo- el esposo era el autor, la última modificación realizada al proyecto de ley señala una pena máxima de 25 años, la misma que se aplica en el actual Código

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